Wind Europe ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de la energía eólica en España. La patronal europea alerta de que muchos parques eólicos cerrarán de forma temporal si se imponen cargos de 40 a 80 euros a instalaciones que tienen su energía vendida por debajo de esos precios.
La patronal europea explica que el Gobierno español ha introducido una nueva tasa sobre los parques eólicos y otras centrales eléctricas no contaminantes para "compensar" los mayores ingresos que, según dicen, están obteniendo como consecuencia del aumento de los precios mayoristas de la electricidad. Argumentan que los altos precios del gas han hecho subir los precios de la electricidad, que los parques eólicos no tienen que comprar gas y que, por tanto, están obteniendo "beneficios inesperados".
Este argumento, indica la asociación, parte de la base de que los parques eólicos venden la electricidad a los precios actuales denominados "spot" en el mercado mayorista pero en la práctica, no lo hacen. Gran parte de lo que venden lo hacen a precios previamente acordados en contratos de duración determinada. Los parques eólicos -y las empresas eléctricas en general- se cubren contra los precios bajos y altos y renuncian a las ventajas si los precios al contado son altos.
La Asociación además alerta de que las inversiones en nuevos parques eólicos en España se enfrentarán ahora a unos ingresos más bajos y, lo que es peor, a una mayor incertidumbre, "dada la voluntad del Gobierno de intervenir en el mercado" y concluye que "la medida socava las perspectivas de nuevas inversiones en energía eólica y otras renovables en España".
El Green Deal de la UE exige la construcción de 30 GW de nuevos parques eólicos cada año hasta 2030. La UE está construyendo actualmente 15 GW al año por lo que aseguran "No puede permitirse el lujo de socavar las nuevas inversiones o el argumento comercial para el funcionamiento de los parques eólicos existentes".
Además, la energía eólica y otras renovables se ven afectadas pero las plantas fósiles no, lo que incentiva la generación fósil, en contra de los objetivos del Green Deal y del principio de "quien contamina paga".
Según la organización europea, el Gobierno español dice que la medida no es incompatible con la legislación de la UE. Dicen que no afectará a los precios de la electricidad en el mercado pero indican que eso es cuestionable: una reducción tan grande de los ingresos afectará inevitablemente al comportamiento del mercado. Además, las tasas darán lugar a que los productores de electricidad pujen en el mercado a precios que no guardan relación con los costes, lo que va en contra del Reglamento y la Directiva de Electricidad de la UE. En términos más generales, una intervención estatal de esta naturaleza va en contra del principio de previsibilidad y del marco jurídico informal que es fundamental para los mercados energéticos de la UE.
La nueva medida se suma a una propuesta de "Ley de Tasas de CO2" que se está estudiando en el Parlamento español y que prevé otra tasa retroactiva para las centrales eléctricas limpias construidas antes de octubre de 2003, alegando que no tienen costes del RCCDE. El efecto combinado es una mayor complejidad e incertidumbre para los participantes en el mercado.
Por este motivo, Wind Europe asegura que apoya plenamente la necesidad de proteger a los ciudadanos vulnerables de las subidas de los precios de la energía. Pero la legislación de la UE permite soluciones alternativas al "impuesto al gas" de España sobre las renovables, como están demostrando otros países: recortar los impuestos sobre la energía; compensar a los ciudadanos con cargo a los presupuestos del Estado, ajustar las tarifas reguladas, etc.
