Por primera vez en la historia, España cuenta con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética cuya principal meta es la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 Acción por el Clima, incluido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Como señalan desde el organismo, el cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.
Una de las premisas de la nueva legislación es que, antes de 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. No en vano, recientemente la Unión Europea ha anunciado un ambicioso programa, llamado Fit for 55, que consiste en reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.
A este respecto, el desarrollo de las energías renovables es el motor de aceleración de la transición energética. Según datos de Red Eléctrica, en el primer semestre de 2021 más de la mitad de la electricidad generada en España fue de origen renovable (en el mismo periodo de 2008 este porcentaje se situaba en el 20,9%).
Para conseguir que las energías limpias vayan teniendo un peso cada vez más importante, es crítico alcanzar la paridad de red que, como señala Juan de Dios Sánchez-Roselly, Global CIO de Santander Private Banking, "se define como el momento en el que una fuente de energía produce electricidad a un coste igual o menor al precio de compra de energía en el mercado eléctrico. Se considera que una fuente de energía alcanza la paridad de red cuando se convierte en un competidor, sin subvenciones ni apoyo gubernamental. Si bien en el pasado el desarrollo de las renovables estaba muy basado en subvenciones, el impulso actual no necesita de ayudas al ser económicamente viable y eficiente".
Un ejemplo de ello es la energía solar fotovoltaica. Según los últimos estudios publicados por BloombergNEF y la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), esta energía ha marcado un hito, ya que actualmente es más barato construir y explotar nuevas centrales fotovoltaicas que nuevas centrales de carbón. Asimismo, los progresos en la reducción de los costes en la energía eólica están permitiendo a esta energía renovable alcanzar la paridad de red en varios países.
Juan de Dios Sánchez-Roselly: "Se considera que una fuente de energía alcanza la paridad de red cuando se convierte en un competidor, sin subvenciones ni apoyo gubernamental"
No obstante, como apunta Juan de Dios Sánchez-Roselly, "la razón por la que las energías renovables no han podido compensar el aumento reciente del coste de las fuentes basadas en combustibles fósiles radica en que todavía las centrales contaminantes (térmicas, nuclear, de gas combinado y carbón) suponen más del 50% en España y son las responsables del 100% del incremento de generación de energía necesario en momentos de fuerte incremento de la demanda, como ha sido el caso de los últimos meses".
Eso sí, el experto recuerda que 2020, por el efecto de la pandemia, ha resultado ser el año menos sucio en lo que a la producción de electricidad en España se refiere, ya que "solo" el 54% de la electricidad que utilizó el país salió de centrales térmicas que usan uranio (y producen residuos radioactivos de larga vida) o de centrales térmicas que queman combustibles fósiles (gas, carbón, diésel y otros desencadenantes del cambio climático).
El mercado de los derechos de emisión
En el enorme potencial de mejora que puede aportar la innovación energética juega un papel clave la regulación. "Una de las palancas regulatorias es la de incrementar la penalización a la generación de energía contaminante a través de la exigencia de comprar derechos de emisión de CO2, que al incrementar el coste de esta energía acercan el punto de paridad de red", sostiene el Global CIO de Santander Private Banking.
El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico para lograr un beneficio medioambiental. Como explica el Banco de España en una circular, "el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE), vigente desde 2005, persigue promover la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas que operan en las ramas de actividad más contaminantes mediante un mecanismo de limitación y comercio".
Por una parte, el elemento de limitación hace referencia a la cantidad máxima de gases de efecto invernadero que, con carácter anual, puede emitir cada una de las instalaciones contempladas por el RCDE. Este límite se reduce con el paso del tiempo, lo que genera una disminución gradual de la cantidad de emisiones a escala agregada. Para cumplir con el límite, las instalaciones cuentan con un determinado volumen de derechos de emisión asignados gratuitamente y tienen, además, la posibilidad de adquirir, a través de subastas regidas por el Reglamento del RCDE, derechos adicionales.
En 2013 el coste de los derechos de emisión era inferior a los 10 euros por tCO2eq, es decir, era muy barato contaminar
Por otra parte, el ingrediente de comercio alude a que las instalaciones pueden, adicionalmente, comprar y vender los derechos de emisión en el mercado según sus necesidades. Si el saldo anual entre las emisiones efectivamente realizadas y los derechos de emisión en propiedad es positivo, la instalación habrá de adquirir en el mercado los derechos necesarios para cubrir la diferencia (pues de no hacerlo sería penalizada con la imposición de una cuantiosa multa). Por el contrario, si ese saldo es negativo, la empresa puede, o bien conservar los derechos sobrantes para su utilización futura, o bien venderlos en el mercado.
En definitiva, la idea es que estas instalaciones prefieran ir reduciendo sus emisiones a pagar por los derechos para emitirlas. Hasta 2013, el grueso de los derechos se asignaba de forma gratuita, y solamente una porción reducida era adquirida en subasta. A partir de ese año comenzó una transición gradual hacia un sistema en el que la mayor parte de los derechos son adquiridos mediante subasta.
La producción de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles es responsable de casi la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero que se encuentran sujetos al RCDE en España. De esta forma, es la industria más afectada por el incremento de los precios de los derechos de emisión. Si en 2013 el coste de los derechos de emisión era inferior a los 10 euros por tonelada de CO2 equivalente (tCO2eq), es decir, era muy barato contaminar, en 2021 el precio ha superado los 50 euros.
"Todo ello está incentivando aún más la transición energética y el cambio hacia fuentes renovables de generación de electricidad, al reducirse el diferencial de coste favorable hacia las nuevas plantas renovables, que a su vez va a romper el círculo vicioso de la inflación y contaminación derivadas de la utilización de combustibles fósiles", concluye Juan de Dios Sánchez-Roselly.
