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La Audiencia Nacional cierra las causas contra Brufau y Fainé en el caso Villarejo

  • Acuerda también el sobreseimiento para Repsol y Caixabank

La Audiencia Nacional acaba de acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el caso Villarejo contra el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de la Fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé, así como ambas entidades.

El pasado 21 de abril de 2021 se dictó auto acordando la práctica de una serie de diligencias de investigación, entre otras la declaración como investigados de Isidro Fainé Casas y Antonio Brufau, dando respuesta a las diligencias interesadas por la acusación particular, en nombre de Luis Rivero.

Tras haberse realizado las pertinentes diligencias y declaraciones de las partes, el juzgado reconoce que Villarejo no figuraba como representante legal de la sociedad Cenyt, por lo que podría ser un empleado, agente comercial o colaborador, y por ello entiende que no es posible para ningún particular, conocer el escalafón y determinar si un cliente o proveedor es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo, sin infringir la legalidad vigente.

En opinión del juzgado, Repsol y Caixabank han sido capaces de acreditar que, en el momento de los hechos investigados, contaba con un modelo de prevención penal adecuado y con controles eficaces para la prevención de los delitos investigados.

En relación con Isidro Fainé Casas se alega por parte de su representación procesal que no concurren indicios sobre su participación directa o indirecta en los hechos objeto de investigación. Así, si bien es cierto que existió una conversación entre Fainé y Brufau, no negada por ninguna de las partes, sobre la contratación que ejecutaron los Directores de Seguridad de ambas empresas, no consta en la causa otra participación de Fainé mas allá que la de informar a Miguel Ángel Fernández Rancaño que Repsol, ya habría contactado con una empresa y que hablase con su homólogo de Repsol.

La contratación no recaía en el ámbito de control del Presidente de la compañía, sino en el de sus Directores de Seguridad. Por tanto, sin indicios que apunten a que los Presidentes de las compañías interviniesen de manera directa en los hechos investigados, no es posible transferirles una obligación de supervisión y vigilancia corporativa, que está delegada en los órganos competentes para ello. 

Para llegar a esta conclusión, la Audiencia ha recibido declaración en calidad de investigados de Rafael Eduardo Araujo Bernabé, Miguel Ángel Fernandez Rancaño, Rafael Ramón Girona Hernández, Luis Suárez de Lezo Mantilla, Juan José de Amunátegui Rodríguez, Joaquin Uris Lloret, Antonio Massanell Lavilla, Rafael Redondo Rodríguez, José Manuel Villarejo Pérez, Enrique García Castaño, así como de Isidro Fainé y Antonio Brufau y a los representantes especialmente designados de las personas jurídicas.

Se ha recibido declaración en calidad de testigos a Fernando Ramírez Mazarredo, Rodrigo Álvarez Vázquez, Luis del Rivero, Rubén Benavent, María Isabel Moreno Salas, Santiago Cuadro Ramírez, Juan Carlos Corsico Dominguez, Blas Manuel Perez Álvarez y Fernando Marco Mañas. 

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