El Ministerio para la Transición Ecológica ha sacado a consulta pública la esperada Hoja de Ruta del biogás. En la misma, el Gobierno plantea la regulación de las garantías de origen -tal y como ya estaba previsto en la directiva de renovables que entró en vigor el pasado 1 de julio- y el incremento del peso de esta energía que multiplicará por 3,8 la producción sostenible de este gas de origen renovable hasta 2030.
En el documento, el departamento de Teresa Ribera plantea 43 líneas de actuación enfocadas en la valorización de residuos (agropecuarios, municipales y lodos de depuradora).
La Hoja de Ruta impulsará el aprovechamiento del biogás por dos grandes vías: la producción de electricidad y calor útil –sobre todo para la industria–, y su transformación en biometano para consumo del transporte pesado y sustitución del gas natural de origen fósil.
La Hoja de Ruta, por lo tanto, incide en esos ámbitos económicos, porque pueden proporcionar abundantes recursos de calidad, de un modo estable y asequible, y aplicando una gestión sostenible basada en la proximidad que no aumente la huella de carbono durante los procesos de producción, transporte y consumo. Además, se centra en la tecnología de digestión anaerobia, porque es la más madura para obtener el biogás a partir de la materia orgánica de los residuos municipales y de las industrias agroalimentarias, de los lodos de depuración, de los restos de cultivos, de las deyecciones ganaderas…
La Hoja de Ruta contempla cinco ejes de actuación, entre las que sobresalen dos a corto plazo: la creación de un sistema de garantías de origen, similar al de la electricidad renovable, al objeto de que los consumidores puedan distinguir el biogás del gas fósil convencional, poniendo en valor su origen sostenible; y el potencial establecimiento de objetivos de penetración, similar al existente para el fomento de los biocarburantes. Los cinco ejes son:
1.- Instrumentos regulatorios. Incluyen las citadas garantías de origen, con independencia de que el biogás se consuma directamente o se transforme en biometano; la agilización y homogeneización de los procedimientos administrativos en todo el territorio nacional; y la mejora de la normativa sobre residuos, para facilitar la obtención del gas renovable –por ejemplo, valorizando las emisiones evitadas– y el uso posterior del digerido resultante tras el proceso anaeróbico, principalmente como fertilizante.
2.- Instrumentos sectoriales. Aquí destaca el potencial establecimiento de objetivos anuales de penetración en la venta o consumo de biogás, con cuotas de obligado cumplimiento; además, entre otras medidas, se propone fomentar la producción del gas renovable en zonas con abundante materia prima –donde haya industria agroalimentaria o plantas de tratamiento de residuos y compostaje–, junto con medidas para promover o bien el consumo in situ, en flotas de vehículos, en usos térmicos o en la producción de hidrógeno, o bien la sustitución del gas fósil vehiculado en los gasoductos, siempre que sea económicamente viable.
3.- Instrumentos económicos. Mejorar el tratamiento fiscal y establecer ayudas de diversa índole, algunas condicionadas a cumplir requisitos de reducción de CO2. Se añadirían a las existentes, como las del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) o numerosos programas europeos.
4.- Instrumentos transversales. Buscan priorizar los proyectos de biogás en zonas de transición justa, introducirlo en pliegos de contratos públicos, divulgar sus ventajas, crear comunidades energéticas y grupos de trabajo para facilitar su implantación…
5.- Impulso de la I+D+i. Fomentar la investigación para reducir las emisiones de gases contaminantes, para producir nuevos residuos biodegradables, para aumentar el consumo de biogás en la industria, para el transporte…
Gracias a la aplicación de estas medidas, la Hoja de Ruta estima que la producción de biogás en 2030 puede multiplicar por 3,8 la registrada el año pasado hasta superar los 10,4 TWh, en línea con lo establecido por los planes del Gobierno.
En España hay 146 instalaciones de biogás, de las que 129 estuvieron operativas en 2020, con una producción energética de 2,74 TWh. De las plantas operativas, 46 están asociadas a vertederos, 34 a estaciones de depuración de aguas residuales, 13 al sector agropecuario, siete al sector del papel y el resto al sector químico, el alimentario y otros. Solo una instalación, en Madrid, convierte el biogás en biometano –con las mismas propiedades que el gas fósil– y lo inyecta en la red de gasoductos.
Comparado con el resto de Europa, donde hay cerca de 19.000 instalaciones y 725 inyectan biometano a la red gasista, el biogás ha experimentado un desarrollo modesto en España.
De acuerdo con las previsiones, el 45% de la producción de biogás en 2030 se consumiría directamente, en usos térmicos o eléctricos, sobre todo en la industria, mientras que el restante 55% se transformaría en biometano para su uso en movilidad pesada –por ejemplo, en flotas municipales de limpieza o recogida de residuos– o se podría inyectar en la red si es rentable económicamente hacerlo: alrededor del 1% del gas que se consuma en 2030 por esta vía debería tener origen renovable, desplazando con ello el gas de origen fósil.
El uso en el transporte, por otro lado, facilitará cumplir el objetivo del PNIEC de alcanzar una cuota de energía renovable del 28% en 2030, así como los hitos europeos de penetración de biocombustibles avanzados en los carburantes, que deberán llegar al 3,5% del total ese mismo año.
En cuanto a las emisiones de efecto invernadero, la consecución del objetivo planteado en la Hoja de Ruta para 2030 permitirá alcanzar una reducción muy notable: 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año. Asimismo, la producción de biogás contribuirá a evitar las fugas de metano a la atmósfera, un gas que presenta un potencial de efecto invernadero muy superior al del CO2.
