El Tribunal Constitucional acaba de darle la razón al Gobierno vasco en la disputa que mantenía con el ministerio de Transición Ecológica por el bono social térmico y ha declarado inconstitucionales varios de los preceptos incluidos en esta normativa.
El Gobierno vasco recurrió varios artículos del Real Decreto-ley 15/2018 por invadir parte de sus competencias autonómicas en materia de asistencia social para las que el Estatuto de Autonomía les otorga un control absoluto y el Constitucional ha decidido darle parcialmente la razón.
El Gobierno central y el vasco trataron de buscar un acuerdo previo en la comisión bilateral de coordinación, pero finalmente, este no fue posible y el Constitucional ha acabado pronunciándose.
El Tribunal ha decidido estimar el recurso en lo referente a estos aspectos y obligará a modificar la normativa para darle una mayor capacidad del gestión a los gobiernos autonómicos. Concretamente, declara que son inconstitucionales y nulos los incisos «mediante la concesión de un pago único anual» del apartado primero del art. 9; «junto con la información de los beneficiarios y los importes que les corresponden de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores» y «a partir de la información a que hace referencia el artículo 11» del apartado segundo del art. 10 y «durante el primer trimestre del año» del apartado tercero del art. 10, así como el art. 11 del Real Decreto-ley 15/2018, lo que en la práctica supone que el Gobierno vasco podrá decididir las fechas de pago y el número de pagos del mismo.
Para el Ejecutivo autonómico, el art. 9 era contrario a las competencias autonómicas. Su apartado primero fijaba las cuantías individualizadas de las ayudas a otorgar y determinaba la periodicidad del pago. El apartado segundo también incurría en esa vulneración competencial en la medida en que no dejaba margen a la comunidad autónoma para determinar la cuantía de la subvención y fija los criterios de concesión y el baremo correspondiente a cada uno de los criterios. El art. 10.1 impide a los órganos autonómicos la determinación final del número de beneficiarios con el fin de racionalizar la gestión.