Enresa ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación para hacerse con la titularidad de la central nuclear de Garoña e iniciar la primera fase de desmantelamiento.
El Ministerio, una vez recibido el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear, y previos los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental(DIA), adoptará la oportuna resolución.
El coste total estimado para el desmantelamiento es de unos 468 millones de euros, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares. En esta cantidad no incluye el coste ya incurrido de construcción del ATI ni tampoco los contenedores para el combustible gastado.
Según las previsiones de Enresa, la autorización para iniciar el desmantelamiento podría ser efectiva en 2022. En esta fase, con una duración prevista de 3 años, las actividades principales serán la carga del combustible gastado en contenedores y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI), así como el desmontaje del edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase.
La ejecución de la segunda fase requerirá también de la autorización por parte del Gobierno, previo informe favorable del CSN. Para esta fase, cuyo inicio se prevé en 2025, se estima una duración de 7 años, y en ella se llevará a cabo el desmantelamiento del reactor, así como del resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de edificios, para concluir con la restauración ambiental del emplazamiento.
