La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afronta hoy un nuevo conflicto pero esta vez no se enfrenta a los hosteleros sino a los empresarios de estaciones de servicio. Ribera, a diferencia de los bares y restaurantes a los que recomendó esperar para abrir si no se sentían cómodos, les ha fijado una obligación de horas de apertura que el sector considera muy lesiva para sus intereses.
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio asegura que resulta desolador comprobar que la norma que acaba de lanzar Transición Ecológica evidencia un absoluto desconocimiento del sector con limitaciones "absurdas, como el hecho de obligar a miles de estaciones de servicio a mantener los horarios de apertura que tenían antes de la declaración del estado de alarma. Esa exigencia es tan injusta como desproporcionada".
Durante los días en los que miles de estaciones de servicio redujeron sus horarios no se produjo en toda España ni un solo problema de falta de suministro, indica CEEES. "Nosotros sí conocemos nuestro sector y sí conocemos a nuestros clientes y adaptamos nuestro horario comercial a sus necesidades. Pese a ello, el Gobierno nos obligó a retomar el horario que teníamos hasta el 13 de marzo, antes de declararse el estado de alarma. Aunque no compartíamos la decisión, fuimos respetuosos y comenzamos a trabajar para explicar a la Administración lo desproporcionado de esa exigencia. Una vez más, parecía que nos escuchaban, pero era sólo una ilusión", sostiene esta patronal.
"El 99% de nuestras peticiones han sido desoídas, condenando con esta actitud prepotente y maximalista a cientos de pymes a la quiebra. Y penalizando a aquellos empresarios que, por responsabilidad y compromiso medioambiental, ofrecen en sus estaciones de servicio combustibles alternativos como el gas, pese a la reducidísima demanda" añaden.
La Confederación va incluso más allá y asegura que el departamento de Ribera o no sabe o no quiere saber cuántos puntos de suministro de carburante hay en España.
Según la Orden Ministerial SND/337/2020, 4.334 instalaciones debían permanecer abiertas con el horario habitual, lo que, según el propio Gobierno, representa el 37% del total de las instalaciones inscritas en el registro del Ministerio de Transición Ecológica.
La misma norma dice que 1.686 instalaciones deben abrir al menos 30 horas semanales, lo que el Gobierno cifra en un 14% del total.
El propio Ministerio de Transición Ecológica afirma que tiene registradas 11.676 estaciones de servicio en España y los porcentajes anteriormente mencionados parecen estar elaborados partiendo de ese dato. Sin embargo, en la web www.geoportalgasolineras.es, dependiente del propio gabinete que dirige Teresa Ribera y a la que el Gobierno alude permanentemente como fuente fiable de información, hay disponible un enlace a través del cual pueden descargarse los precios de todos los puntos de venta de carburante que hay en España. Sorprendentemente, ese listado recoge sólo 10.309 instalaciones. ¿Dónde están las 1.367 gasolineras que ha perdido el Gobierno?, se pregunta esta asociación.
"Se trata de una cantidad muy significativa, de más del 11,7% de las que afirma tener controladas el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Por eso, no manejar el censo de estaciones de servicio con claridad distorsiona gravemente la OM SND/337/2020. Si en lugar de dar por buenas las 11.676 gasolineras que la Administración dice tener en su radar ciframos como el total las 10.309 disponibles en el listado de precios nos encontramos con que las estaciones de servicio obligadas a mantener el horario habitual que tenían antes del estado de alarma constituyen el 42% de la red y las que deben permanecer abiertas 30 horas semanales representan el 16,4% del total" considera la patronal.
En suma, no tienen libertad para establecer sus horarios más del 58,4% de las gasolineras. Tras los cambios efectuados por el Ministerio de Transición Ecológica a finales de la semana pasada, ese porcentaje se ha visto incrementado hasta el 58,9%, lo que significa que apenas cuatro de cada diez gasolineras tienen libertad para fijar su horario pese a la sobresaliente reducción de la movilidad como consecuencia de las estrictas medidas de confinamiento.
"Es muy preocupante que el propio Gobierno no sepa con exactitud sobre cuántas estaciones de servicio tiene obligación de legislar. Hay 1.367 gasolineras que se supone están inscritas en el registro del Ministerio de Transición Ecológica y que no son tenidas en cuenta a la hora de establecer servicios mínimos", afirma el presidente de CEEES, Jorge de Benito.
En su opinión, "este disparate es una prueba más del desconocimiento que la Administración tiene sobre un sector que, paradójicamente, está hiperregulado. Los empresarios hemos dado sobradas muestras de que nuestra responsabilidad y vocación de servicio son más que suficientes para garantizar el suministro, sin necesidad de que un Gobierno sumido en el caos nos imponga normas a todas luces abusivas y carentes de lógica", asegura De Benito, quien no obstante, tiende una vez más la mano a la Administración: "Nos ponemos a disposición del Gobierno para ayudarle a trazar una estrategia consensuada, real y realista que garantice el suministro de energía para la movilidad ahora y en el futuro", zanja el presidente de CEEES.
