Aplaude a las eléctricas, pero mantiene en vilo a los pequeños comercializadores
El Gobierno está partido en dos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, influido por el ala más radical de Podemos se planteó dar acceso al bono social eléctrico a todos los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo, tal y como figuraba en los primeros borradores de la norma aprobada en el Consejo de Ministros que llegaron a las eléctricas.
La medida suponía un enorme varapalo para las grandes eléctricas por el fuerte incremento del coste del bono social -que corre a costa del sector eléctrico-, pero también condenar a las pequeñas empresas comercializadoras prácticamente a la desaparición, puesto que el PVPC solo lo ofrecen los grandes distribuidores.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio rápidamente marcha atrás a esta medida al darse cuenta del desastre que podía suponer. Transición Ecológica eliminó del decreto definitivo el artículo que daba este amplio acceso al bono eléctrico al valorar que a lo largo de los últimos días de marzo, alrededor de dos millones de personas habían sido incluidas en un Erte y los sindicatos calculaban la pérdida de un millón de empleos temporales, lo que hubiese podido suponer un incremento insostenible del número de personas con acceso a descuentos en la luz del 25%.
Por contra, lo que no ha logrado Ribera es salvar plenamente a las 300 pequeñas comercializadoras existentes en nuestro país. El decreto ha mantenido que, al acabar este periodo temporal, los clientes que se han beneficiado temporalmente del bono social se mantengan en el mercado regulado, lo que aleja a todos estos consumidores de estas pequeñas empresas y supone un paso atrás en el proceso de liberalización del sector, que a lo largo de los años apenas había logrado alcanzar un 10% de cuota de mercado a las grandes empresas del sector.
La situación, no obstante, sigue siendo preocupante y en el seno de la Asociación de Comercializadores Independientes no hay todavía una posición consensuada, según indican fuentes consultadas por este diario. La preocupación persiste, ya que las empresas tendrán que hacer frente a los compras de energía que tenían previstas y, aunque se ha creado un sistema de avales para hacer frente a los pagos del IVA, del Im-puesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, por estas facturas puede no ser suficiente para las empresas que no cuenten con un elevado nivel de tesorería. En este extremo, el sector también mantiene dudas sobre si debe ingresar los impuestos si hay un apagado del cliente.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, agredeció ayer "públicamente" el "esfuerzo extra" que están realizando las distribuidoras y comercializadoras en una situación de "gran empatía social", contribuyendo a "facilitar el bienestar de las personas" y de las pequeñas y medianas empresas y autónomos ante la crisis sanitaria por el coronavirus.
Estas declaraciones de Ribera de agradecimiento al sector llegan después de los intentos de intervención de este sector que siempre ha propugnado Pablo Iglesias.
