Energía

La Empresa Pública de Medellín pujará el 28 de febrero para hacerse con parte de Electricaribe

La Superintendecia de Servicios Públicos prevé subastar el próximo 28 de febrero la antigua filial de Naturgy, Electricaribe, agotando así el plazo máximo anunciado por el presidente colombiano, Ivan Duque, el pasado 7 de enero.

La Junta Directiva de EPM (Empresa de servicios públicos de Medellín y Colombia) ha anunciado que tras un proceso de análisis exhaustivo e integral, se aprobó que presente la documentación para su participación en la subasta para hacerse con las acciones de CaribeMar.

"En caso de resultar adjudicada, el grupo empresarial incrementaría su participación al 35% en el mercado de distribución y comercialización de energía en Colombia, extendiendo sus servicios de calidad a una población de 19 millones de personas", anunció la empresa.

La Superintendencia decidió separar la compañía en dos bloques: CaribeMar (Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) y CaribeSol (Atlántico, Magdalena y La Guajira).

"Entrar a CaribeMar significa para EPM una oportunidad de crecimiento única de llegar al mercado de la costa atlántica y brindar su servicio a 1,5 millones de clientes. CaribeMar representa aproximadamente el 12% de la participación del mercado energético nacional".

El interés de esta compañías, así como de otras cinco empresas, donde estarían el Grupo de Energía Bogotá, Enerpereira, y el empresario William Vélez, surge tras la celebración de la vista del arbitraje impuesto por Naturgy en Uncitral contra Colombia a principios del pasado diciembre y después de darles otra baza en la batalla judicial al cambiar la regulación en la línea que pedía la empresa española para evitar los problemas de inversión que llevaron a la intervención de la compañía por los impagos de los clientes.

Según el calendario que manejan las partes, el resultado de este arbitraje podría conocerse este 2020, lo que fuerza al Gobierno colombiano a tratar de buscar una solución a esta situación. Naturgy ha demandado a Colombia reclamándole 1.400 millones por la expropiación, así como a sus aseguradoras, que se niegan a cubrir las pérdidas, por otros 430 millones.

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