Jarro de agua fría sobre las pretensiones de Mapfre, Caser, Scor, Asefa, Swiss y Munich Re de librarse del correctivo de Competencia, que en 2009 les impuso una multa récord de 120 millones de euros por pactar precios en el seguro decenal -cobertura obligatoria en promociones inmobiliarias-. Tras dos años de análisis, el Tribunal Supremo ratifica que actuaron como un cartel, con fijación de tarifas mínimas, imponiendo la situación de dominio al mercado.
La alta instancia da así la razón a la Comisión Nacional de Competencia en una sentencia firmada el pasado 22 mayo y referida, en particular, a Scor Global P&C, refieren fuentes jurídicas, si bien sienta la pauta para las cinco restantes aseguradoras, cuyos litigios se plantearon de forma, paralela, pero individual. El Tribunal estima, en todo caso, la petición del asegurador de minorar la multa e insta recalcularla conforme a la guía establecida por el mismo Supremo el pasado 29 de enero, que delimita sanciones del anterior organismo de Competencia al 10% máximo del volumen total de negocio del ejercicio previo a la multa, por un principio de proporcionalidad.
El reconocimiento de la conducta ilícita fija el colofón a un litigio que se ha extendido seis años en el tiempo y de relieve especial por el establecimiento en su día de la mayor sanción emitida por la antigua CNC nunca -presidida entonces por Luis Berenguer-; y por la atípica personación, en su favor, de Bruselas.
Póliza obligatoria
El origen de la disputa se remonta a 2002. Una ley introduce la contratación obligatoria del seguro decenal para cubrir desperfectos derivados de vicios o defectos en la construcción de obras, sobre todo viviendas, durante los diez años siguientes a su finalización. El antiguo supervisor, hoy aglutinado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), investigó los encuentros mantenidos entre las seis compañías reprobadas y la información compartida.
Y de su análisis concluyó que influyeron en la fijación de precios hasta finales de 2007, momento en el que abrió el expediente finalizado en noviembre de 2009. La multa fue ejemplarizante por entender que se cometió una infracción muy grave dado que afectó a todo el mercado y en un producto de obligada contratación.
Las compañías llevaron el caso a los tribunales, logrando la anulación de la sanción en 2012 por parte de la Audiencia Nacional, amparándose en el derecho a intercambiar informaciones de carácter técnico en relación al coste de cobertura del siniestro y suplir las carencias estadísticas.
Competencia recurrió al Supremo, cuyo fallo llega ahora, recibiendo un respaldo un tanto atípico. La Comisión Europea se personó a finales de 2013 como amicus curiae, una iniciativa excepcional. Bruselas solo interviene en procesos judiciales cuando considera que existe un quebrantamiento grave en el Derecho Comunitario. Era la primera vez que el organismo lo hacía en España en un proceso así y apenas había usado la fórmula unas diez veces en Europa desde 2003.
Encuentros y transvases probados
En la sentencia del Supremo, concernida al recurso de Scor Global P&C, ve probado que esos encuentros y transvases de datos dieron por resultado la fijación de primas, tarifas, tasas y coeficientes correctores que actuaron de suelo para el establecimiento de precios finales en el seguro decenal y no solo primas técnicas puras de referencia, como hubiese sido legal.
Según fuentes jurídicas, el Tribunal concluye que se impusieron a los promotores de obras, impidiendo el libre juego de mercado como defendía la CNC. Este organismo denunció en su día, incluso, el mantenimiento de encuentros posteriores para vigilar que se aplicaban sus "guías" y que así ganaban mercado al alza dada la suscripción obligatoria en un país en pleno boom inmobiliario -las compañías multadas son las tres principales aseguradoras y las tres reaseguradoras del producto-.