Granada, 8 nov (EFECOM).- El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, manifestó hoy el compromiso de su sindicato de reducir del 21 al 8 por ciento la temporalidad laboral de los trabajadores de la Función Pública en España, que emplea a más de dos millones de personas y es el sector más afectado por esta forma de contratación.
Méndez participó hoy en la inauguración en el Palacio de Congresos de Granada del I Congreso Nacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo para Empleados de las Administraciones Públicas, organizado por la Universidad de Granada, el primero de estas características que se celebra en España.
En declaraciones a los periodistas, el líder de la UGT comentó que, junto a la reducción de los niveles de temporalidad de los trabajadores públicos, desde su sindicato también "estamos defendiendo un mecanismo de acceso a la función pública que resuelva definitivamente el problema de los trabajadores interinos".
Explicó que en Andalucía hay "decenas de miles" de trabajadores en esta situación, fundamentalmente en la Sanidad y Educación, pero también en otros sectores como las corporaciones locales pequeñas.
Con respecto a este último caso, aseguró que existen trabajadores de la Función Pública habilitados por corporaciones locales cuyo trabajo abarca cuatro o cinco ayuntamientos pequeños, "que son prácticamente el alma del funcionamiento de las corporaciones locales pequeñas y sin embargo llevan 14, 15 ó 16 años con un contrato de interinidad y, por tanto, en condiciones precarias".
Según Méndez, existe "una leyenda urbana, que es falsa" según la cual todos los empleados públicos de este país tienen un trabajo para toda la vida.
Sin embargo, "se ignora que en los últimos años, donde más ha crecido la temporalidad laboral ha sido en el ámbito de la administración pública, donde hay ya más de un 21 por ciento de los trabajadores que tienen un contrato temporal en precario", dijo.
En el congreso también participó el presidente nacional de la CSI-CSIF, Domingo Fernández, quien explicó a Efe que su sindicato aguarda expectante la aprobación del Estatuto de la Función Pública, que se encuentra en fase de tramitación por el Congreso como proyecto de ley.
Según Fernández, el nuevo Estatuto otorgará un marco legal básico, conforme a las directrices europeas, que permitirá modernizar las administraciones públicas, ajustando su organización a la nueva organización de las autonomías en el Estado español, lo que redundará en una mayor calidad de los servicios públicos y una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.
Consideró que este Estatuto permitirá dar respuesta satisfactoria a "temas tan importantes" como la conciliación de la vida familiar con la laboral, o la mejora de las condiciones de seguridad en el trabajo. EFECOM
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