Los préstamos al consumo han experimentado un crecimiento relevante en los últimos años al calor de la recuperación, hasta el punto de que se han convertido en una herramienta clave para el crecimiento económico. Ésta es una de las principales conclusiones de distintos expertos en el Observatorio 'Crédito al consumo' organizado por elEconomista y Cofidis.
El secretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), Ignacio Pla, hace hincapié en que es "una herramienta esencial" sobre todo en momentos complicados de la economía, porque "ayuda a acceder al estado de bienestar" a muchos ciudadanos. Esta valoración es compartida por el director general de Cofidis, Juan Sitges, y por el director general de Bed's, David Carmona, quienes quitan hierro a las advertencias que en los últimos meses viene lanzando el Banco de España sobre la subida significativa en la concesión de este tipo de préstamos. El año pasado los importes subieron un 14%, hasta los 35.000 millones de euros.
En este sentido, Sitges señala que el sector sirve para "engrasar la economía, es el aceite no el combustible" y que los volúmenes son todavía bajos, por lo que no existe una burbuja que ponga en peligro la estabilidad, como puede ocurrir con el segmento hipotecario, cuyo peso sobre el sistema financiero es muy significativo, mientras que Carmona indica que es "fundamental".
"Es necesario que haya firmas de primer orden que concedan créditos por Internet" - David Carmona, director general de Bed's
Para el director de Conducta de Mercado y Reclamaciones de Banco de España, Fernando Tejada, las alertas de su institución no van dirigidas tanto al aumento en la concesión por parte de las compañías especializadas y de los bancos para ganar rentabilidad, sino al ascenso de la morosidad y a la falta de garantías que algunas firmas no ofrecen a los clientes. De hecho, sostiene que la labor del supervisor va a estar enfocada este año a publicidad de estos préstamos y a la información precontractual, destacando los cálculos de las tasas de interés (TAE) que se aplican.
Eso sí, Tejada reconoce que aunque las insolvencias o los retrasos en los pagos de este tipo de financiación se ha elevado en los últimos tiempos, "aún no constituyen un problema generalizado". "Hasta la fecha son puntuales", indicó.
Para el directivo del Banco de España la educación financiera es esencial para que los ciudadanos conozcan los riesgos que a veces comportan estas operaciones y no se vean envueltos en una espiral de deuda creciente, al igual que reclama a las entidades a que sean claras con las condiciones de venta y lleven a cabo una comercialización responsable.
Reivindicación
Muchas de las transacciones que conllevan más riesgo, según los expertos, son impulsadas por firmas que no están bajo el control de los supervisores. Así, el secretario general de Asnef subraya que en los últimos años estas sociedades "han surgido como setas" porque prestar dinero en España no es una actividad reservada y los intereses que han llegado a pedir alcanzan un 3 millones TAE. Por ello, Pla reclama que todas las firmas que cumplan con los mismos requisitos y que todas sean supervisadas y reguladas por los bancos centrales porque es una garantía para los consumidores.
Las entidades que sólo están bajo la esfera de las autoridades de consumo, a su juicio, cuando tienen un problema se disuelven y sus dueños crean otras distintas y muchas de ellas operan a través de internet con fondos que provienen de Rusia.
Esta situación, indica Pla, no sucede en otros mercados de nuestro entorno, como Francia, Alemania, Portugal o Polonia, donde sí existe la reserva de actividad. "España es la única economía importante donde no existe reserva de actividad y cuando hablo con mis colegas europeos no lo entienden porque sus autoridades nacionales sí han tomado cartas en el asunto", remarca el secretario de Asnef, quien apremia al Gobierno a seguir el mismo camino "para evitar antes de que explote un problema a futuro".
"La morosidad se ha elevado, pero no constituye un problema generalizado" - Fernando Tejada, Director de Conducta del Banco de España
El director general de Cofidis, sostiene que este intrusismo es un problema por competencia desleal, "ya que nosotros cumplimos con toda la legislación". "El problema no es la competencia, sino la competencia desleal", manifiesta.
Sobre esta circunstancia, el responsable de Bed's apunta que es fundamental quién es nuestro socio de financiación al consumo porque nos ofrece garantía. "No es fácil hoy encontrar una compañía que financie las compras por internet y tiene que haber compañías de primer orden para que sea fácil conceder créditos por esta vía", afirma.
Pasos a seguir
Tejada admite la preocupación de por este tipo de firmas, porque el Banco de España ha detectado que "muchas de las incidencias" provienen de estas compañías, pero matiza que aunque no estén bajo la supervisión de su institución sí tienen que cumplir con la regulación de consumo. El director de Conducta y Reclamaciones del Banco de España anticipa que en la UE hay proyectos, dentro de la directiva de créditos al consumo, que son una oportunidad que tiene el legislador para establecer la reserva de actividad, aunque el proceso está en estado muy embrionario, muy incipiente, y aún ha habido pronunciamiento alguno. Por ello, hace un llamamiento para que los españoles comprueben en los registros del organismo al que pertenece, por precaución y conocimiento, antes de firmar un contrato crediticio si el prestamista "está bajo nuestro control".
La patronal Asnef realiza una encuesta cada dos años para tomar el pulso de los consumidores sobre la financiación al consumo y una de los aspectos novedosos de la última edición ha versado sobre las compañías reguladas. Pla apunta a que la conclusión a la que se ha llegado es que el 50% de los encuestados afirma que desconoce la no regulación del sector, es decir que la mitad piensa que todos los prestamistas están regulados.
Por otro lado, todos los expertos coinciden en que la nueva regulación debería contener normas comunes y flexibles que permitan una concesión rápida y segura de los créditos al consumo a través de los canales digitales porque el móvil se ha convertido en un canal de venta que los usuarios demandan cada día más.
"En las exigencias de información se debe tener en cuenta los importes de las operaciones" - Juan Sitges, Director general de Cofidis
Así, el responsable del Banco de España indica que en la actualidad no es fácil comercializar los préstamos vía online, por lo que entiende que habría que poner en marcha medidas de impulso que agilicen los procesos para una aprobación ágil, principalmente para las operaciones de pequeño importe, al tiempo que dé seguridad y combata el fraude. Por ello, el supervisor ha decidido, explica, que una de sus acciones para 2019 sea verificar las fichas precontractuales que se ofrecen a los ciudadanos en las compañías que ofrecen la financiación por internet o por el teléfono móvil.
Pla, por su parte, señala que la directiva que se va a revisar sobre créditos al consumo "debe tener en cuenta el gran reto de la digitalización". El sector, a su juicio, no está en desacuerdo de ofrecer toda la información precontractual a los clientes, "porque somos los primeros beneficiados en que los ciudadanos tomen una decisión informada y correcta ya que luego tienen que pagar el crédito", pero reclama que hay que tener en cuenta las posibilidades del móvil. En este sentido, se pregunta cómo se puede incluir en la información precontractual siete u ocho folios, que es una réplica del contrato, a 1,5 milímetros la letra, y se responde que es "materialmente imposible".
"Nosotros hemos hablado ya con algunas asociaciones de consumidores y nos trasladan que en este tipo de préstamos, que son sencillos y no elevados, sea el consumidor el que fije que datos tiene que detallar la información precontractual y que sea por capas igual que en los medicamentos (en un primer momento se aporte la TAE, lo que le cuesta; el plazo; la cuota; y qué pasa si se impaga). Si un consumidor quiere más información, que se pueda ver o descargar en otra capa distinta", dice. "Estamos hablando de dar una información sencilla y clara", manifiesta.
Proceso imparable
Para Sitges "debe forzosamente tener en cuenta los importes, porque no es lo mismo comprarse una lavadora que un coche, se necesita una información diferente". "Creo que hay un camino a hacer, el bajo importe de muchas de nuestras operaciones son los que justifican un precio diferente, un tratamiento diferente, una información diferente", sostiene el director de Cofidis, que cree que "hay pistas sobre las que trabajar para que las cosas salgan de manera razonable y la digitalización es un proceso imparable donde se exige que todo se realice con un solo un clic, no en 23".
Carmona considera esencial la rapidez y la agilidad y que el canal digital llegue a los puntos de venta, es decir, a los comercios, para que el proceso de la financiación sea prácticamente instantáneo. Por eso pide que la información que se entregue sea lo más sencilla y esquematizada posible.
"España es la única gran economía de la UE que no tiene reserva de actividad para prestar" - Ignacio Pla, secretario general de Asnef
El representante del Banco de España, coincide en que la sencillez es el futuro, pero advierte que la regulación debe también enfocarse hacia la protección de los consumidores y tener en cuenta que no todos los operadores trabajan de la misma forma. "Tiene que haber un equilibrio entre la información resumida y la protección, porque al final puede acabar en un disclaimer para las entidades más que en una pieza de garantía para quien quiere contratar un préstamo", considera antes de asegurar que "hasta que no consigamos que todas y cada una de las entidades tengan en su ADN los principios de responsabilidad, levantar el pie en los requisitos de información puede ser contraproducente, es necesario dar los pasos con mucha cautela".
El responsable del supervisor resalta que esta cautela es imprescible y que su organismo como el resto de autoridades deben velar por una operativa responsable. Es una de sus obligaciones para proteger a los consumidores.
