El taxi ha abierto una batalla judicial contra Uber, Cabify y tres empresas de VTC de la mano del exjuez Elpidio Silva. La primera demanda presentada por la Plataforma Integral del Taxi (PIT), que ha sido admitida a trámite, solicita al juez que se declare que estas empresas han realizado actos de competencia desleal consistentes en "la actividad del transporte discrecional de viajeros" en diversas áreas urbanas "valiéndose de licencias estatales para explotar VTC, desde el año 2014 vulnerando normas jurídicas concurrenciales".
La cuestión es que varias de las áreas urbanas señaladas, y en las que se había pedido como medida cautelar "el cese provisional del transporte discrecional de viajeros de las demandadas", son ciudades en las que no operan ni Uber ni Cabify y donde las firmas de VTC (Ares, GessTaxi y Cibeles) no tienen licencias.
Por ejemplo, la demada exige daños y perjuicios por el impacto de esta competencia desleal en ciudades como Getxo, Barakaldo, Portugalete, Durango, Vizcaya o Bilbao, unas zonas urbanas donde Uber y Cabify no prestan servicio por lo que no se puede contratar un trayecto con las aplicaciones.
En este punto, en País Vasco hay 150 licencias registradas, lo que implica un ratio de 14 VTC por cada taxi, y el Gobierno anunció que iba a fijar un periodo de precontratación de una hora, lo que aleja aún más la posibilidad de que las plataformas desembarquen en el territorio.
A su vez, la demanda también incluye ciudades como Palma de Mallorca, Ibiza, Toledo, Guadalajara, Castellón o Burgos, núcleos en los que no operan Uber y Cabify y donde apenas hay licencias de VTC, mientras que se han dejado fuera ciudades como Granada o Córdoba, donde Uber sí que da servicio. Por ejemplo, en Castilla La Mancha hay 67 licencias registradas y en Baleaers 213, una cifra que no ha subido desde al menos 2017.
En este punto, la presidenta de los taxistas de la part forana, María del Carmen Navarro, confirmó a este diario que Uber y Cabify no han operado nunca en Palma de Mallorca y que las VTC que existen son las tradicionales. "La reforma, que fija media hora de precontratación, se hizo con el apoyo de las VTC tradicionales", explica Navarro. Por su parte, la presidenta de la asociación si que apunta a que en verano llegaron coches VTC de otras CCAA a Ibiza a trabajar pero dejó claro que sus servicios no se contrataron a través de una aplicación si no que se cogían directamente desde la calle.
Según informa Cabify en su página web, la empresa opera en Madrid, Alicante, Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, La Coruña y Santander. En esta última ciudad, que también se incluye en la demanda presentada por unos 2.000 taxisas, opera con vehículos del gremio y no ha firmado ningún contrato para incluir a las VTC. Por su parte, Uber presta servicio en Madrid, Costa del Sol, Sevilla, Córdoba y Granada. La plataforma americana, que ha perdido 908 millones de euros en el primer trimestre del año, ha dejado de operar en Barcelona y Valencia después de que se los gobiernos regionales fijaran un periodo de precontratación de 15 minutos.
Elpidio Silva ha explicado a este diario que los taxitas de todas ciudades incluidas en la demanda han sufrido perjuicios por la competencia desleal de las plataformas y empresas de VTC, que han prestado servicios urbanos cuando no podía "invadiendo el sector del taxi".
En este punto, ha justificado que los vehículos operan en cualquier ciudad independientemente de donde tengan el permiso registrado por lo que afecta a todo el territorio. Algo que es cierto pero que suele afectar a Madrid, donde hay coches de Cantabria o Barcelona o a Granada, donde circulan vehículos de Almería.
"Cómo no van a operar Uber y Cabify en País Vasco o Palma de Mallorca", aseveró Silva a este diario. En este punto explica que tienen pruebas de los perjuicios causado por la nueva competencia que les llevó a realizar protestas en las calles y pedir cambios legislativos.
Por su parte, otras fuentes del despacho aseguran que para presenta la denuncia necesitan que esté personados taxistas que se haya visto directamente afectado por la competencia desleal y que ha recibido cientos de denuncias de Getxo pero ninguna de Granada o Córdoba.
