Empresas y finanzas

Los partidos políticos quieren aumentar la inversión en agua para superar el impacto del cambio climático

  • Foro Político del Agua de eE: 'La colaboración público-privada en el sector'
  • PP y Cs defienden los trasvases, no así PSOE y Unidas Podemos
  • La adjudicación del Estado en obras hidráulicas fue de 110 millones en 2018

Los principales partidos políticos están de acuerdo en la necesidad de incrementar la inversión en las infraestructuras de agua de un modo urgente, tanto para afrontar las necesidades actuales, como para adaptarlas al impacto del cambio climático y a la reducción del volumen y la distribución de los recursos hídricos que ya sufre el país y que se agravará en las próximas décadas.

Así se han pronunciado esta mañana en el Foro Político del Agua organizado por elEconomista en Madrid, en el que han participado Hugo Morán, actual secretario de Estado de Medio Ambiente y secretario ejecutivo de Transición Energética del PSOE, Alberto Casero, secretario ejecutivo nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático del PP, José Luis Martínez, portavoz adjunto en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados de Ciudadanos, y Juantxo López de Uralde, portavoz de Cambio Climático de Unidas Podemos-Equo.

El Foro arrancó con una intervención de Julián Núñez, presidente de Seopán, quien desgranó las cifras del déficit de inversión del país: en España se invierten 24 euros por habitante y año en protección del medio ambiente, un 45% menos que la media europea; en materia específica de agua, hay que destinar unos 12.000 millones de euros hasta 2021, de los que 4.500 corresponden a actuaciones prioritarias ligadas a los procedimientos de infracción que la UE tiene contra el país y que ya se han traducido en sanciones económicas crecientes.

Según los datos de Seopán, durante el pasado 2018, el Estado central adjudicó contratos de obra por 110 millones, "por lo que de mantenerse este ritmo tardaríamos 58 años en contratar las actuaciones inversoras planificadas hasta 2021", en palabras de Núñez, quien también indicó que la contratación de las administraciones autonómicas y locales ascendió a 539 millones, también insuficiente para cumplir los compromisos; la propia UE estima que hasta 2027 ó 2030 no se habrán materializado lo previsto para 2021.

Escasez de agua

Con tal diagnóstico, los representantes políticos comenzaron un debate en el que abordaron los temas más espinosos. El primero en intervenir fue Martínez, quien criticó con dureza que el "discurso del agua está contaminado por la ideología y el egoísmo" por parte de las dos grandes formaciones políticas que se han alternado en el Gobierno del país, a los que les ha faltado ambición y han llevado al país a ser "el más incumplidor de la UE".

Martínez indicó que su formación está a favor de un gran Pacto en materia de agua en el que primen la solidaridad interterritorial con aquellas regiones más perjudicadas por la escasez de agua. Se mostró partidario de los trasvases, porque a tecnología actual no permite el autoabastecimiento y "para evitar que haya 2,5 millones de migrantes climáticos", así como de establecer una tarificación del agua homogénea por todo el país que evite los grandes desequilibrios entre territorios.

Recogió el testigo Morán, quien incidió en la necesidad de revisar la legislación en materia de aguas para que incorpore elementos de la normativa europea, el reconocimiento del Derecho Humano al agua por parte de la ONU y, sobre todo, el impacto del cambio climático: "la disponibilidad de recursos hídricos bajará un 25% de media, con un 40% en las zonas con mayor vulnerabilidad, y debemos adaptarnos a eso o tendremos serias dificultades para atender la demanda ciudadana".

Morán recordó que en la última década el presupuesto del Estado en materia de agua ha pasado de unos 1.500 millones a unos 500 millones y abogó por "recuperar esa senda" y movilizar recursos para la adaptación al cambio climático, pero no para trasvases -"ninguna cuenca va a tener capacidad de derivar recursos a otras", señaló-, sino para potenciar los recursos no convencionales, como la desalinización, y convertirlos en convencionales, con especial atención a los territorios con escasa población y menos capacidad económica por usuario.

Casero recordó que el agua siempre ha sido elemento de enfrentamiento político y recalcó la propuesta de alcanzar un Pacto Nacional del Agua "sin ideologías, porque no hay una gestión de izquierdas, derechas o centro", en el que su partido viene trabajando desde antes del cambio de Gobierno, para abordar las grandes cuestiones, como el impacto del cambio climático. Apeló a la necesidad de "hacer pedagogía con el ciudadano" para que comprenda la necesidad de pagar por los servicios del agua, sobre todo en materia de saneamiento y depuración.

El representante del PP defendió la necesidad de los trasvases: "hay un déficit hídrico que solucionar, de un modo u otro, incluyendo los trasvases" y valoró la colaboración público-privada como un elemento fundamental para conseguir una buena gestión de los servicios. Insistió en el buen papel que los ayuntamientos y las administraciones locales han acometido en los últimos años, en buena medida gracias a los cánones concesionales y la colaboración público-privada.

De Uralde puso el acento en la disminución de los recursos hídricos que ya sufre el país -"los caudales ya están reducidos en un 20% según las confederaciones"- y subrayó la necesidad de adaptarse a la nueva situación: "no podemos seguir con los mismos planteamientos que nos han traído hasta aquí". Abogó por la gestión pública del agua y la llamada remunicipalización, y rechazó los trasvases: "hay que buscar las soluciones en las cuencas".

De Uralde también se mostró contrario a las grandes obras de regulación: "los ríos no son canales y tienen usos muy diversos" y demandó que se aplique una política trasversal entre todas las políticas y las de medio ambiente, con énfasis en el agua, de modo que siempre se tenga en cuenta su sostenibilidad ambiental.

Todas las formaciones se mostraron partidarias de aplicar el principio de suficiencia económica en materia de agua, de modo que su financiación se desligue de los ciclos presupuestarios, y de implantar un regulador de ámbito nacional para aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema.

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