La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió ayer que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro, pues supone tener "un horizonte que se conoce de antemano" y saber "cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema".
Así lo puso de manifiesto en declaraciones a los medios tras la clausura de la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que tuvo tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid.
Según explicó, Ribera se siente "muy satisfecha" con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa. "Hemos hecho cosas que son muy significativas, como el protagonismo de las energías renovables y la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad".
Asimismo, la ministra puso de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. "Otro asunto que resultaba clave es, que a la seguridad de suministro hay que sumar la seguridad nuclear y dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear".
En este sentido, explicó que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o "facilitar un cierre ordenado en el tiempo". Sobre esto último, la ministra aseguró que es "bueno" poder trabajar con "suficiente anticipación", con un calendario de cierre previsible.
