Madrid
El consejo de administración de Avalmadrid tendrá que decidir si lleva a la Fiscalía de Delitos económicos la concesión de avales realizada al grupo Marsans y Arturo Cantoblanco ante los indicios encontrados de un posible ilícito penal.
Avalmadrid, una sociedad de garantía recíproca controlada por la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal madrileña CEIM, facilitó avales a las empresas de los expresidentes de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y al de la propia CEIM y Cámara de Comercio, Arturo Fernández, sin tener en cuenta su situación financiera.
El consejo de Avalmadrid encargó el pasado 19 de diciembre un informe a Forest Partner y una evaluación jurídica a la secretaría del consejo, en manos de PwC, para poder profundizar sobre los resultados de la investigación realizada por el Banco de España, que descubrió este escándalo, y mantiene abierto un expediente sancionador contra varios miembros del consejo de Avalmadrid y antiguos directores generales, tal y como adelantó elEconomista.
Según recoge el informe jurídico de PwC, en base a las conclusiones de la investigación realizada por Forest Partners, "los administradores de Avalmadrid deberían poner en conocimiento de la fiscalía especializada en delitos económicos los hechos analizados" e informar al Banco de España de las conclusiones de la investigación.
El Banco de España mantiene un expediente contra varios consejeros de Avalmadrid
Según el análisis elaborado por PwC, el informe de Forest Partners muestra que la concesión y formalización de estos avales presenta posibles indicios de la comisión de delitos de carácter patrimonial. Los avales estaban concedidos a entidades respecto a las que había evidencia suficiente de que ya tenían dificultades económicas obvias que ponían en riesgo la continuidad de su negocio y el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
El informe -declarado altamente confidencial- asegura que existía una vinculación directa o indirecta, entre el beneficiario del aval y algún miembro de los órganos de Gobierno de Avalmadrid (alguno de los que aprobaron la concesión y formalización del aval o del propio consejo de Avalmadrid). Además, según recoge el informe de PwC, algunos avales no fueron concedidos y formalizados con el visto bueno o conformidad del analista de riesgos asignado al expediente y otros no fueron aprobados por el órgano competente en atención en especial a la situación de vinculación existente.
Por ese motivo, PwC recomienda que se investigue si se han dado situaciones en las que un administrador hubiera podido influir en la toma de decisiones colegiadas o hubiera favorecido con la emisión de su voto en la toma de decisiones para que Avalmadrid concediese y formalizase determinadas operaciones de aval en detrimento del patrimonio de la propia Avalmadrid y en beneficio de entidades vinculadas a dicho administrador o que se analice si hubo un favor indebido en la concesión de avales a una sociedad vinculada por el administrador.
Ante este escenario, la recomendación de la Secretaría del Consejo de Administración es acudir a la Fiscalía e informar al Banco de España. El organismo supervisor, no obstante, ya remitió el pasado 21 de enero a los afectados su pliego de cargos, al que podían responder en un plazo de 30 días hábiles y en el que figuran, entre otros, Juan Pablo Lázaro, actual presidente de la patronal madrileña; Juan Iranzo, exconsejero de Caja Madrid condenado por el caso de las tarjetas black; Pedro Irigoyen (director de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid); Jesús Alejandro Vidart (director de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad); Manuel Beltrán (secretario del consejo del Canal de Isabel II); Alfonso Carcasona (el que fuera vicepresidente de CEIM y actualmente contador), o Fernando Rodríguez (que fue presidente de la Confederación de Transporte de CEIM), entre otros.
El expediente afecta , entre otros, a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, pero también a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid o el Banco Popular, ya que Avalmadrid otorgó avales por encima de los límites marcados por el Banco de España y sin las precauciones necesarias.
Según el Banco de España, la insuficiencia de los informes de seguimiento fue tal que el grupo de restauración del expresidente de CEIM entró en concurso sin que el informe de seguimiento de tres semanas antes reflejara ninguna incidencia en su situación cuando existían indicios suficientes sobre las dificultades financieras del avalado.
El Banco de España detecta en 52 operaciones que solo se hace referencia al incumplimiento de los pagos y a la dificultad de su recuperación sin aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías. Entre estas operaciones figuran las de empresas como Cantoblanco, Marsans, Clalu Restauración, Energía Ercam, etc.
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