Empresas y finanzas

El TSJC fija el traspaso de la gestión de ATLL a la Generalitat

  • Rechaza las cautelares solicitadas por la concesionaria liderada por Acciona
  • ATLL pide por escrito al 'Govern' que tome el control
  • El Ejecutivo de Torra prevé hacerlo en una semana o un poco más
Potabilizadora del Ter, de ATLL. Foto: eE.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL) para evitar el traspaso de su gestión a la Generalitat mientras no se liquide el contrato.

Dicho contrato fue anulado por la Justicia, y el Govern aprobó un decreto para recuperar la gestión pública de la empresa, que se encarga de la red de distribución en alta del agua del Área Metropolitana de Barcelona. Pero el consorcio liderado por Acciona -que se había adjudicado la concesión- y la Generalitat han abierto una nueva batalla en los tribunales para dirimir la indemnización correspondiente.

El TSJC considera que ATLL puede ceder la gestión aunque todavía no se haya liquidado el contrato, ya que las cuestiones dinerarias se pueden resarcir más adelante. Por ello, ATLL ha pedido por escrito a la Generalitat que dé los pasos necesarios para tomar las riendas -ya que por contrato no puede producirse un vacío de control-.

Se hará a través de una nueva empresa pública denominada ATL, constituida por el Govern de Quim Torra con efectos a 1 de enero de 2019, pero la Generalitat calcula que todavía tardará unos días en ejecutar el traspaso, pese a que había iniciado varios procedimientos desde finales de 2018 para conseguirlo. Las previsiones apuntan a "finales de la semana que viene o principios de la siguiente", han indicado a elEconomista fuentes del Ejecutivo catalán.

Una vez se complete el traspaso en la gestión, seguirá adelante la pugna judicial entre Acciona y la Generalitat para dirimir el precio de la anulación de la concesión, que se adjudicó a finales de 2012 por un periodo de 50 años.

De momento, la Generalitat ofrece 53,8 millones -aunque está pendiente de realizar una valoración definitiva-, mientras que, según ATLL, el pago mínimo por la liquidación del contrato debe ser de 305,2 millones, a los que suma una indemnización por daños y perjuicios que eleva la factura a 1.036,7 millones.

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