El conflicto del taxi ha entrado en un callejón sin salida en Madrid. Mientras el gremio recrudece la guerra con manifestaciones y cortes de calles (Génova, Sol, Castellana) que han llevado a la Policía Nacional a intervenir para asegurar el tráfico en la capital, la Comunidad se ha negado en redondo a ceder a las exigencias del taxi y aprobar una ley que pueda poner en peligro el futuro de Uber y Cabify en Madrid.
Así, el presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha dejado muy claro que no va a aplicar el modelo de precontratación temporal planteado en Cataluña para regularizar la actividad de las VTC porque supone "acabar con el sector". "Eso es lo contrario de lo que va a hacer Madrid, con libertad de mercado y de competencia, que lo que nos permite crecer como región. No estoy dispuesto a mandar a 8.000 personas al paro", aseguró el presidente de la Comunidad en un evento sobre la inversión china.
La Comunidad asegura que no va a firmar el fin de las VTC ni acabar 8.000 empleos
En este sentido, Garrido ha recordado en más de una ocasión que no va a aprobar ninguna ley que no reciba el visto bueno de todos los afectados: taxis y VTC. "Yo no voy a aprobar nada que no lleve el consenso de todos... todos tenemos que ceder algo aquí, porque sino, no vamos a llegar a ningún acuerdo", ha instado en más de una ocasión.
En esta línea, la consejera de Transporte de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, reiteró ayer que "no van a ceder a las amenazas del taxi", que no logrará en la capital un acuerdo como el que han alcanzado en Barcelona sobre el tiempo de precontratación de las VTC, mientras que el presidente de Partido Popular, Pablo Casado, defendió que "no se puede romper un sector". "Hay que defender al consumidor, no puede ser que solo nos fijemos en el paro patronal, sino que los españoles tengan derecho a elegir entre un servicio u otro", añadió.
Y es que, en las reuniones que el Ejecutivo regional ha mantenido con las empresas de VTC, éstas le han trasladado que si se impone por ley algún tipo de tiempo de espera para la contratación de los coches, el servicio será inoperativo e inviable, lo que les llevaría a dejar la capital, donde tienen más de 6.500 vehículos y se espera que la flota suba hasta los 7.000 en los próximos meses. No en vano, Uber, Cabify, Vector Ronda y Moove Cars han advertido ya a la Generalitat de que el decreto-ley que fija en 15 minutos el tiempo de espera que debe pasar entre la contratación del servicio y su prestación efectiva supondrá el cierre de su actividad en Barcelona y un ERE para más de 1.200 personas.
Linea roja: la precontratación temporal
Así, la línea roja de la Comunidad de Madrid es la precontratación temporal y se niega a fijarla o definirla por ley. "La regulación tiene que hacerse con respecto a la competencia. Tiene que haber convivencia entre los dos modelos de transporte, taxi y VTC", ha defendido el presidente regional. Una línea roja que coincide con la del sector del taxi, que se niega a aceptar cualquier propuesta que no incluya la precontratación temporal de al menos una hora. Un tiempo de espera que la asociación de taxistas de la Costa del Sol ha elevado a seis horas en su primera reclamación a la Junta de Andalucía tras la formación del nuevo gobierno.
Así, la contrapropuesta que los taxistas presentaron el viernes por la tarde a la Comunidad de Madrid incluía una ley de precontratación temporal similar a la de Cataluña y la prohibición de aparcar en superficie o circular en vacío más de media hora, otros puntos que tampoco se incluyen en la propuesta de modificación de la ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los transportes urbanos. Y es que, pese a la ruptura de las negociaciones y a que el conflicto se está encallando en la capital, los taxistas de Madrid no pueden aceptar un acuerdo distinto al logrado en Cataluña, que está previsto que se apruebe hoy como decreto-ley.
Aunque todas las partes se han mostrado dispuestas a seguir negociando, no hay previstos nuevos encuentros para esta semana. La última vez que los taxistas se sentaron con la Comunidad de Madrid fue el viernes por la noche, cuando rechazaron oficialmente la propuesta presentada por el Ejecutivo de Garrido y el Ayuntamiento de Manuela Carmena de fijar una "precontratación espacial". O lo que es lo mismo, de establecer por ley que para que un cliente pueda contratar a una VTC tiene que estar a un mínimo de 300 metros de distancia del vehículo. La propuesta fue rechazada por toda las partes alegando que es "ineficiente".
Ante la dificultad de desatascar las negociaciones y ante las nuevas manifestaciones previstas para hoy martes, la mirada del gremio, de las VTC, de los gobiernos autonómicos y del propio PP están virando hacia el Ministerio de Fomento para que retome las riendas del conflicto. Así, el PP ha pedido que la regulación vuelva al Congreso de los Diputados y que se apruebe una ley estatal que liberalice al sector del taxi para que pueda competir con las VTC y que se cree un fondo de compensación ante la posibilidad de que las licencias pierdan valor.
La idea de crear un fondo con aportación del sector de las VTC la planteó Cabify al inicio del conflicto y asegura que puede conseguir unos 400 millones de euros para asegurar la recompra de licencias a 150.000 euros cada una.
A su vez, el PP ha pedido la comparecencia del ministro de Fomento, Jose Luis Ábalos, al que se le ha acusado de lavarse las manos y dejar el problema en manos de CCAA. Por su parte, el PSOE ha recordado que las competencias son autonómicas y ha instado al PP a regular en Madrid y llegar a un acuerdo. En este punto, la Comunidad ha criticado que el Gobierno Central no se haga cargo del problema, fijando una solución única, aunque asegura que seguirá negociando. Por su parte, algunas asociaciones de taxistas empiezan a plantear que sea el Gobierno de Pedro Sánchez el que, a través de una ley estatal, fije los tiempos mínimos de precontratación. La idea es que Ábalos aproveche que el Real Decreto Ley 13/2018 todavía se está tramitando como proyecto de ley para introducir una enmienda.
Llevar el conflicto a Europa
Paralelamente a la toma de las calles, a las que se van a sumar los coches de Uber y Cabify con una manifestación hoy martes entre la calle Princesa y Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, taxistas y VTC van a llevar el conflicto hasta Europa. Representantes de Unauto tienen previsto reunirse con la Comisión Europea en febrero para analizar las medidas tomadas por la Generalitat de Cataluña y ver qué opciones legales tienen. Por su parte, Elite Taxi ha anunciado que el miércoles, su líder Alberto Álvarez irá Bruselas acompañado del exjuez Elpidio Silva, que se encarga de sus iniciativas legales. Tienen previsto reunirse con eurodiputados por la mañana y están pendientes de cerrar un encuentro con representantes de la Comisión Europea.
Por la tarde habrá una reunión entre la delegación de taxistas españoles y los belgas, que han conseguido que un juzgado declare ilegal el servicio de Uber en Bélgica. En cuanto a la fijación de un tiempo de precontratación, la medida no solo corre el riesgo de ir en contra de los tratados de la UE, si no que ya ha sido rechazado en Francia, donde se aprobó también una espera de 15 minutos.