La Comunidad de Madrid da un paso al lado en el conflicto de las VTC y deja en manos de los ayuntamientos, como el de Manuela Carmena, el reto de limitar y regular su actividad. El Gobierno de Ángel Garrido sigue así la senda marcada por la Generalitat de Cataluña y se ha negado a aprobar medidas concretas que frenen la actividad de los coches de Uber y Cabify, como la fijación de un plazo determinado entre la contratación del servicio y la prestación efectiva del mismo o de la limitaciones a su actividad.Una propuesta que no ha gustado nada al taxi madrileño, que continúa con la huelga y ha presentado una lista de peticiones para pararla. Consulte el borrador aquí.
Y es que, según recoge el proyecto de modificación de la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos presentada a los taxistas, serán "los distintos municipios" los que establezcan "mediante su normativa propia" los requisitos que tengan que cumplir las VTC para que se entienda que el servicio es precontratado.
"Los municipios establecerán los requisitos para que se entienda que una VTC ha sido precontratada"
Así, la ley se limita a decir que la precontratación es "cuando la demanda del servicio por parte del usuario se efectúa de forma previa y expresa con anterioridad a la realización del mismo". A su vez, las condiciones que debe cumplir un vehículos VTC para considerar que ha sido precontratado deben buscar "mejorar la movilidad interior de viajeros dentro de sus términos municipales". Esta medida abre la puerta a que se establezcan decenas de normas distintas, lo implica un caos en el mercado.
El texto de la propuesta de modificación de la ley incluye también una disposición transitoria única que determina que los servicios de transporte prestado en el ámbito municipal o urbano por los titulares de las licencias VTC están sujetos a "todas las determinaciones y limitaciones" que establezcan los municipios. Así, podrán regular la actividad de los coches de VTC como regulan la de los taxistas, es decir, imponiendoles limitaciones en materia de estacionamiento, precontratación, horarios, calendarios de servicios, restricciones a la circulación y recorridos mínimos.
Los ayuntamientos, como el de Manuela Carmena, que es donde se concentra el conflicto, tendrán que justificar las restricciones por razones de gestión del tráfico urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica. No es la primera vez que Carmena intenta frenar el acceso de las VTC sin éxito. En 2017, cuando cerró el acceso a la Gran Vía, Uber y Cabify recurrieron y la justicia les dio la razón. En este punto, distintos juzgados han frenado medidas promovidas por los ayuntamientos alegando que no se puede discriminar a las VTC frente a los taxis en el sector de la precontratación.
La proposición de modificación de la Ley 20/1998, que se busca aprobar por lectura única antes de abril, que es cuando cierra la Asamblea por las elecciones, también incluye la creación de licencias municipales para que las VTC pueda trabajar dentro de las distintas áreas urbanas. Para tener acceso a una de esas licencias solo se pide que tenga una interurbana concedida anteriormente.
Las licencias municipales no entrarán en vigor hasta dentro de cuatro o seis años
Aun así, estas licencias no entrarán en vigor hasta dentro de cuatro o seis años, que es el plazo fijado por Fomento a modo de compensación por vaciar de contenido a las licencias VTC otorgadas por el Estado. La ley no pone ninguna otra condición para obtener las licencias municipales así que será muy difícil reducir la flota de VTC de Madrid por esa vía, que es la mayor de España concentrando el 50% de todas las que circulan.
Otra de las medidas que incluye la nueva ley es que prohíbe expresamente que se pueda arrendar el servicio por plazas, es decir, que exista el Uber o el Cabify compartido. Desde Fedetaxi llevan años pidiendo que se apruebe el taxi compartido y la ley no solo no lo hace si no que aleja la posibilidad.
La contrapropuesta de los taxistas
La Comunidad de Madrid entregó la propuesta de modificación de ley a los taxistas a las 16.00 horas y a las 18.00 horas se volvieron a reunir para negociar el contenido. A las 21.00 horas el encuentro todavía no había concluído y el gremio mantenía la firme intención de seguir hasta que consiguieran arrancar alguna de sus exigencias. Así, los representantes de los taxistas madrileños acudieron a la reunión con el equipo de Ángel Garrido con una listas de exigencias para poder parar la huelga que amenaza con bloquear Fitur, que se celebra esta semana, los accesos a la ciudad, Barajas y Atocha.
Entre la lista de peticiones destaca la incorporación del Ayuntamiento de Manuela Carmena a la mesa de negociación ya que finalmente será el Consistorio el que tenga que fijar muchas de las limitaciones a las VTC. A su vez, se pide que se fije por ley una precontratación de 24 horas y la obligación de registrar los servicios y la ruta antes de realizar el viaje. También solicitan la vuelta a la base, que estaba incluida en la ley de transporte terrestre que el Gobierno de Zapatero modificó; la prohibición de que aparquen en superficie cuando terminen un servicio; la revisión de concepto de captación, que no les gusta como viene en el proyecto, donde solo se les prohíbe estar parados cerca de zonas de afluencia y circular sin clientes por el centro, y el compromiso se que la ley se tramite por lectura única. Para esto se necesita que Podemos y el PSOE apoyen el texto. Ciudadanos ya ha dicho que se desentiende.
