La pobreza energética afecta a millones de hogares en España, si bien se trata de un mal que en muchos casos es invisible y que por tanto es muy complicado de erradicar. Además, esta situación de vulnerabilidad, que se intensificó con los años de crisis, ha pasado a convertirse ahora en un problema estructural. En este nuevo contexto, los expertos apuestan por el papel clave de la eficiencia en las viviendas y creen que la solución debería pasar por las ayudas a la rehabilitación de las mismas.
Esta es una de las principales conclusiones del observatorio 'La eficiencia energética como elemento clave para mitigar el impacto de la pobreza energética de la sociedad', organizado por elEconomista y patrocinado por Naturgy.
En España más de la mitad del parque de viviendas es anterior a 1980, por lo que fue levantado sin normativa de eficiencia energética. Además, habría que sumar todas las casas edificadas entre 1980 y 2007, antes de la aprobación del Código Técnico de la Edificación, ya que éstas tienen algo de aislamiento, pero no es el suficiente.
El mal estado del parque de vivienda supone uno de los principales retos para luchar contra la pobreza energética, ya que "es fundamental que las familias vulnerables dispongan de una vivienda eficiente y sostenible que reduzca el gasto, pero la realidad actual es que estas familias viven en las casas más ineficientes", explica Martí Solá, director general de la Fundación Naturgy.
Desde la compañía energética han llevado a cabo un estudio para ver de qué modo se puede llevar a cabo la rehabilitación de una vivienda a bajo coste, ya que una actuación integral por edificio "cuesta entre 25.000 y 30.00 euros por vivienda, algo imposible de asumir para ciertas familias", apunta Solá.
"Hemos trabajado para que no sea necesario un proyecto, ni una licencia, no se tengan que realizar trabajos desde el exterior, ni se necesite el permiso de vecinos y también que las familias puedan permanecer dentro. El tratado tiene 76 medidas concretas, valoradas e identificadas, como dónde se pueden adquirir los elementos y quien puede hacer cada trabajo", detalla Solá, que apunta que más allá del estudio, la Fundación Naturgy activó el pasado octubre un fondo solidario para rehabilitar energéticamente viviendas de familias vulnerables.
El objetivo de la compañía con esta iniciativa es financiar las mejoras que se lleven a cabo en estos hogares mediante un Fondo Solidario que está abierto a la contribución ciudadana así como a empleados y clientes.
La Fundación Naturgy, por su parte, se compromete a aportar el mismo importe que el público interesado done a esta iniciativa.
Por otro lado, José Ignacio Linares, Cátedra Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, apunta que en los estudios de pobreza los indicadores se basan "en encuestas y en los datos de gasto energético real a partir de las facturas". Sin embargo, el experto destaca que "en situación de pobreza, de la luz se prescinde poco, pero la climatización se reduce e incluso se para. De este modo, lo que se gasta no es lo que se debería gastar para tener confort en la vivienda y por tanto hay pobreza energética oculta".
Linares explica que el gasto de calefacción y agua caliente en una vivienda con mal aislamiento ronda los 1.400 euros al año, y cuando la situación es crítica esta cifra se intenta reducir.
"Las ayudas actuales subvencionan el gasto, sea alto o bajo, lo idóneo sería subvencionar una inversión, ya que es algo más sostenible". Así, el experto concreta que en los escenarios de vulnerabilidad, donde hay un bono eléctrico del 25 por ciento, se podría subvencionar el cambio de caldera, lo que sería similar al bono térmico durante cuatro años y después la inversión sería cero. Linares detalla que "la renovación de la caldera, cuando se tiene calefacción por gas natural supone una inversión de unos 1.500 euros y se logra un ahorro del 18 por ciento. Eso da un retorno de seis años."
"Si vamos a vulnerabilidad severa, cuando la subvención es del 40 por ciento, se podría recurrir a una rehabilitación exprés de bajo coste de unos 4.500 euros, que supone un ahorro del 45 por ciento en el consumo y un retorno de ocho años respecto al bono térmico. No son soluciones descabelladas, son asequibles", apunta Linares.
Según Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN España, en nuestro país se necesitarían unas 100.000 rehabilitaciones al año para tener una renovación efectiva del parque de viviendas.
"No podemos pensar en rehabilitar por 30.000 euros. Debería ponerse el foco en las rehabilitaciones exprés, por lo que la inversión necesaria ascendería a unos 500 millones de euros al año. Esto no es mucho para un país como España, podría ser asumible", asegura Martí Sola.
Barreras a las ayudas
Por el contrario, Isabel Alonso, directora general de Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), cree que es imposible que el Estado movilice un plan de este volumen, por lo que "la colaboración público privada con empresas de servicios energéticos y eléctricas se convierte en un factor clave".
Asimismo, una de las dificultades para aplicar ayudas a las personas que sufren pobreza energética es precisamente su identificación. Así lo explica Alonso, que apunta que "hay gente que la sufre pero no se identifica porque no tiene pobreza en otros sentidos".
Por eso la experta cree que "hay que hacer mucha comunicación. Los planes de ayuda están muy bien, pero también es necesario hacerles ver que lo que viven no es lo bueno ni lo habitual y que identifiquen que pueden ser susceptibles de distintos tipos de ayuda".
Asimismo, "se debería apostar por campañas de sensibilización para los propietarios de las viviendas, ya que la mayor parte de la vulnerabilidad está en el alquiler".
Graciela Malgesini coincide en que hay una parte de la pobreza energética que es invisible a los ojos de las administraciones. "Existen muchas casas que son infraviviendas de las que no sabemos nada porque el INE no las cuenta. Se trata de gente que vive en habitaciones, viviendas compartidas por distintas familias, gente que ocupa sin contrato. Estos perfiles son los que están más afectados al tener dificultades o barreras lógicas para acceder a cualquier medida de ayuda, como por ejemplo, no poder solicitar el bono social porque no tienen un contrato de arrendamiento", apunta Malgesini.
La experta añade que no saben exactamente cuantas personas están en esa situación, "pero sí tenemos otras cifras". "Hay 3,4 millones de personas que no pueden mantener la temperatura de su hogar de manera adecuada y 3,5 millones que no pueden pagar los suministros de la vivienda, entre los que se incluye también el agua. De ellas, 2,6 millones de personas han tenido retrasos a la hora de pagar las facturas de dos o más meses a lo largo del año".
En esta misma línea, Martí Solá apunta que desde las empresas energéticas, "para atacar un problema tenemos que saber quién es y cómo es". "Es muy importante poder identificar a un cliente vulnerable para tratarle de una manera específica y diferenciada de otro tipo de impagos. Nosotros tenemos planes para estas familias, como por ejemplo, un teléfono de asistencia concreta", explica Solá.
El director general de la Fundación Naturgy cree que parte del problema llega también porque a pesar de que "la pobreza ha existido siempre, se está analizando desde hace pocos años, coincidiendo con la crisis, cuando se tenía que solucionar un problema puntual que había crecido de manera exponencial". Si bien, ahora debería "realizarse un análisis estructural y multidisciplinar para atacar esta situación y establecer una estrategia de pobreza que involucre a distintos ministerios", explica Solá.
Otros países vecinos nos llevan ventaja en la lucha contra la pobreza energética, como es el caso del Reino Unido, "donde llevan muchos años trabajando en este sentido, no como en España, que se ha tomado conciencia del problema muy tarde", explica José Ignacio Linares Linares.
"En el Reino Unido empezaron con medidas paliativas, pero ahora casi todas son estructurales, como la instalación de cogeneración en barrios y en urbanizaciones. Es una tendencia natural, pero aquí estamos empezando, no nos podemos conformar", resalta el experto.
Facilitar los procesos
En este sentido, Graciela Malgesini destaca que sería importante que se simplificaran los trámites burocráticos para obtener ayudas como el bono social, así como que se resolvieran las incompatibilidades existentes y que se creara una ventanilla única para gestionar la pobreza, ya que "hay sitios donde los procesos están tan fraccionados, que al final la familia no llega a su objetivo. Según el código postal tienen una expectativa de vida distinta en España".
Solá coincide en este aspecto y destaca que "al terminar el año los recursos que esta administración dedica a las familias vulnerables no se han consumido porque las tramitaciones son tan complicadas que la gente no accede a ellas".
Además, el directivo pone el foco en las elevadas tasas. "En España tenemos un IVA que grava la energía y es de los más altos de Europa. No parece lógico que un quinto de la factura de las familias vulnerables sea el IVA", denuncia.
Sara Casas, responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja Española, defiende también la idea de que reducir la carga fiscal del coste de la luz sería un paso clave en la lucha contra la pobreza energética.
Casas cree que otra de las soluciones que deberían plantearse es "la creación de tarifas estables para estos colectivos vulnerables. Sería un paso significativo, ya que el 90 por ciento de las personas desconoce qué tarifas pueden ser las más baratas". Asimismo, la experta cree que deberían "flexibilizarse y facilitarse los criterios de acceso al bono social, ya que muchas veces cuando llega la ayuda ya ha pasado un tiempo crucial en el que la familia ha acumulado una deuda".
La experta considera que podría ser muy útil atajar el problema antes de que se produzca mediante estrategias de comunicación en las que se informara a las familias en riesgo de pobreza antes de que entren en esta situación.
Casas también propone que se introduzcan criterios medioambientales dentro de la estrategia global de minimizar emisiones de CO2 a la atmósfera y gratificar a los consumidores más eficientes en el gasto de le energía. Ésta sería una de las propuestas alternativas para sustituir las medidas paliativas que se aplican ahora para luchar contra la pobreza energética.