Nueva York
Con Washington y Pekín en pleno alto el fuego arancelario, el cerco judicial y legislativo estadounidense que se cierne sobre las telecos chinas, con especial atención en Huawei pero también en ZTE, amenaza con infligir tensiones en unas negociaciones ya de por sí delicadas.
Según adelantaba The Wall Street Journal, los fiscales federales estadounidenses están orquestando una investigación criminal contra Huawei por haber robado secretos comerciales de socios en EEUU, incluyendo tecnología de la operadora de telefonía móvil, T-Mobile. Las tareas en curso estarían avanzadas y el rotativo no descartaba que se presentase una acusación formal relativamente pronto.
Esta investigación ha surgido como parte de las demandas civiles contra Huawei, incluida una en la que un jurado de Seattle declaró al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo responsable de la apropiación indebida de tecnología robótica del laboratorio de T-Mobile en Bellevue, Washington, de T-Mobile.
La tecnología en cuestión, bautizada como Tappy, imitaba los dedos humanos y se utilizaba para probar teléfonos inteligentes. Huawei impugnó el caso, pero admitió que dos empleados actuaron de manera indebida a la hora resolver estas disputas en 2017.
La información publicada por el WSJ coincidió con los proyectos de ley bipartidistas presentados por legisladores demócratas y republicanos en el Capitolio el miércoles, con la intención de prohibir la venta de semiconductores y otros componentes estadounidenses a Huawei, ZTE y otras empresas de telecomunicaciones chinas que infrinjan sanciones o leyes de control de exportaciones de EEUU.
Esta posible legislación liderada por el senador Tom Cotton y el congresista Mike Gallagher, ambos republicanos, junto con el senador Chris Van Hollen y el congresista Ruben Gallego, ambos demócratas, cita específicamente a ZTE y Huawei, calificándolas de sospechosas por el temor de que sus equipos puedan usarse para espiar a los estadounidenses.
Ambas también han sido acusadas también de no respetar las sanciones de EEUU a Irán. De hecho, esta es la razón por la que la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, se encuentra retenida en Vancouver, Canadá, a petición estadounidense.
Por su parte, ZTE acordó el año pasado pagar una multa de 1.000 millones de dólares a las autoridades estadounidenses, impuesta porque la compañía violó el embargo de Washington a Teherán. Como parte del acuerdo, EEUU levantó la prohibición vigente desde abril que impedía que la compañía china acceder a componentes fabricados en EEUU.
El problema que plantea el proyecto de ley bipartidista es que podría ejercer presión sobre el sector de semiconductores estadounidenses. Los grandes fabricantes de microchips estadounidense generan cerca del 39% de sus ventas en China, con Qualcomm liderando la lista con un 65% de los ingresos generados en el país, seguido de Micron, con el 57%.
En estas circunstancias, Mark Schofield, economista de Citi, indicó en sus previsiones comerciales para 2019 que, en lugar de reflejar cuestiones puramente económicas, "las tensiones comerciales entre China y EEUU reflejan conflictos estratégicos" y esto hace que la situación sea difícil de resolver y diferencia a este conflicto de otros desacuerdos comerciales recientes de Washington con otros socios comerciales.
Todo ello coincide con el próximo viaje del viceprimer ministro chino, Liu He, que visitará Washington el 30 y 31 de enero para la próxima ronda de negociaciones comerciales, según confirmó ayer el Ministerio de Comercio de China.
De esta forma se expanden las conversaciones de medio nivel mantenidas el 7,8 y 9 de enero en Pekín, donde ambas partes acordaron que China comprará una gran cantidad de productos y servicios agrícolas y manufactureros estadounidenses. También se abordaron temas más complicado y estructurales como la necesidad de acabar con la transferencia forzada de tecnología para las empresas estadounidenses que operan en el gigante asiático, fomentar la protección de propiedad intelectual y reducir los subsidios chinos a las compañías locales.
Aunque el tono fue distendido y tanto Pekín como Washington mostraron cierto optimismo, uno de los principales retos es garantizar el compromiso e implementación chinos a las peticiones exigidas por el gobierno de Donald Trump. La tregua comercial que comenzó el pasado 1 de diciembre expirará el próximo 2 de marzo. Si para entonces no se han logrado avances sustanciales, EEUU implementará un incremento de sus aranceles sobre productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares del 10% actual hasta el 25%.
Sin embargo, aunque Trump ha amenazado con ampliar el revés arancelario a otro grupo de bienes chinos por valor de 267.000 millones de dólares, algunos funcionarios de la administración Trump estarían barajando rebajar los aranceles sobre las importaciones chinas a EEUU como una manera de calmar a los mercados y darle a Pekín un incentivo para hacer concesiones más profundas, especialmente en lo que a reformas se refiere, según adelantó The Wall Street Journal.
La idea de eliminar algunas o todas las tarifas ha sido al parecer propuesta por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en una serie de reuniones estratégicas, según asegura el rotativo citando fuentes cercanas a las mismas. El objetivo de Mnuchin es avanzar en las negociaciones comerciales y ganar el apoyo de China para implementar reformas a largo plazo.Pero el secretario del Tesoro enfrenta la resistencia del representante comercial de EEUU, Robert Lighthizer, quien está preocupado de que cualquier concesión pueda ser vista como un signo de debilidad.
