Los principales operadores españoles de telecomunicaciones afinan estos días sus propuestas para conquistar -en todo o en parte- el mayor contrato público de la historia. Se trata de la licitación de los servicios de telefonía móvil, red corporativa de multiservicios, acceso a Internet y comunicaciones internacionales de la Administración General del Estado entre el 1 de marzo de 2020 y el 10 de septiembre de 2023. Eso incluye más de 5.000 edificios y 30.000 líneas.
El presupuesto de licitación asciende a 289 millones de euros, aunque el valor estimado total de los contratos, incluidas las modificaciones sobre el presupuesto de licitación y las posibles prórrogas alcanzará los 378,11 millones de euros.
Ante la magnitud de la convocatoria, la más alta de cuantas se han producido hasta la fecha referido a telecomunicaciones, los candidatos disponen ahora de apenas 10 días para mejorar en lo posibles sus respectivas propuestas. El plazo límite de presentación de ofertas concluye el próximo jueves, 24 de enero, a las 14,00 horas.
Antes de esa hora, los representantes de Telefónica, Orange y Vodafone (MásMóvil no prevé acudir) habrán presentado sus ofertas a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, situado en la sede de la madrileña calle de Alcalá, en su número 9. También podría esperarse el concurso de algún operador especializado en cualquiera de los cuantos lotes.
Al contrario de lo que sucedía en anteriores convocatorias, el entonces Gobierno del Partido Popular decidió contratar "una red corporativa única y común", cuya primera fase comenzó en septiembre de 2015 con una duración de cuatro años. En ese año, Telefónica se adjudicó los tres primeros lotes mientras que el cuarto lo obtuvo British Telecom (BT).
En busca de eficiencias
Esas concesiones tocan ahora a su fin y el ejecutivo socialista toma el relevo en una segunda fase. Para ello, han acreditado que la compra por separado de los servicios de telecomunicaciones producía ineficiencias, tanto técnicas como de gestión y económicas, como explica el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de la memoria justificativa del expediente de contratación de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas.
La segunda fase del contrato incorpora a los anteriores ministerios otros departamentos y entidades públicas (como las Confederaciones Hidrográficas) con la intención de que el operador adjudicatario pueda prestar sus servicios desde el 1 de marzo de 2020.
Las mismas fuentes precisan que el objeto del contrato consiste en "la prestación de los servicios de comunicaciones (voz y datos, fijos y móviles) e Internet, en el territorio español y fuera de él, necesarios para dotar a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades pública de una comunicación de calidad para todas sus ubicaciones y todos sus empleados, partiendo de la situación actual y con el objetivo de la convergencia de las redes existentes actuales".
Del mismo concurso se excluyen los servicios de telecomunicaciones de organismos públicos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, así como el Ministerio de Defensa, Interior y la Policía Nacional y Guardia Civil, dado el relevante importe de los mismos.
Según ha podido saber elEconomista, el resultado del concurso se conocerá el próximo junio, para que los adjudicatarios dispongan de cerca de nueve meses para preparar sus despliegues en cada uno de los organismos públicos. Cualquier otro plazo inferior supondría un perjuicio para los operadores que en la primera Fase del concurso se quedaron fuera de las adjudicaciones.
Algunos de las compañías consultadas esperan que la Administración pondere el valor de cada uno de los lotes, para que el adjudicatario del primer lote (el más importante de los cuatro) no tire los precios del resto de las licitaciones. Ese asunto podría ser motivo de reclamación en el caso de que algún licitador se vea excluido.
Los técnicos del Gobierno han elaborado el presupuesto base de la licitación tomando como referencia los precios de mercado, tras consultar las tarifas publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El departamento que dirige la ministra Meritxell Batet exige que los licitadores tengan un volumen anual de negocios (referido al mejor ejercicio de los tres últimos disponibles) superior a los 40,1 millones de euros en servicios de red corporativa multiservicios de datos y telefonía fija, así como de 7,3 millones de euros en comunicaciones móviles; más de 5,4 millones en servicios de acceso a Internet y más de 14,8 millones en servicios de red internacional.
Puesto que el valor de todos los lotes supera los cinco millones de euros, los operadores adjudicatarios tendrán que detallar la identificación de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato en el caso de que su negocio atribuido supere el 30% del importe de cada lote.
Según se apunta en la memoria justificativa a la contratación de servicios de telecos, el 71% de los criterios serán evaluables mediante fórmulas, de los que el 51% corresponderá al precio ofertado en cada uno de los cuatro y entre el 20% y el 28% restante a otras consideraciones. Asimismo, entre el 21% y el 29% de los criterios atenderán a asuntos como organización global, medios materiales y humanos, ciclo de vida del servicio, planes de calidad, de seguridad, de formación y catálogo de soluciones técnicas.
Entre otras consideraciones, como las ambientales (que obligan al reciclado de los productos empleados), el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez también vela por la igualdad de género y la conciliación familiar. En concreto, según la referida memoria, la administración introducirá condiciones especiales con el objetivo de eliminar "las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo; favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar; combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración, favorecer la formación en el lugar de trabajo".
