La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) proponía al Gobierno retribuir la actividad de distribución eléctrica durante este 2019 con 5.335 millones de euros, pero el Gobierno les desembolsará 5.487 millones, es decir, 152 millones más, según la Orden de tarifas publicada a finales del año pasado.
Hoy el Consejo de Ministros ha transferido al regulador de los mercados las competencias para fijar los peajes de la electricidad y el gas, que sufragan las actividades reguladas de ambos sistemas energéticos, como el transporte y la distribución, y no parece ser una buena noticia para las empresas, porque el organismo presidido por José María Marín Quemada suele apretar más que el Ejecutivo con las cuentas.
El último ejemplo está en la retribución de la distribución eléctrica. La CNMC ha publicado precisamente hoy su propuesta retributiva para la actividad de distribución eléctrica -las redes de baja tensión- para el presente ejercicio de 2019, en la que proponía al Gobierno un pago de 5.335 millones, en función de la ejecución de sus planes de inversión y de la falta de justificación en algunas partidas.
El Gobierno, no obstante, decidió abonarles 5.487 millones, tal y como recoge la Orden TEC/1336/2018, por la que se establecen los peajes de acceso a la energía eléctrica para 2019.
Recurrido en el Supremo
Ahora bien, es importante señalar que la retribución de la distribución está cuestionada en el Tribunal Supremo por el propio Gobierno, que presentó un procedimiento de lesividad sobre la Orden IET/980/2016, que establecía la retribución de las distribuidoras para 2016 de acuerdo con un nuevo sistema retributivo, entendiendo que él mismo se había equivocado a la hora de diseñar la metodología en detrimento de los consumidores.
En consecuencia, el modo en que se pronuncie el Tribunal, avalando o rechazando el nuevo sistema, total o parcialmente, influirá en el resultado final de la retribución de las empresas distribuidoras.
Aeléc, la patronal de las cinco grandes -EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo- denunciaba esta situación hace unas semanas, subrayando que los ingresos que perciben desde 2015 son provisionales y que también hay retrasos en la aprobación de sus planes de inversión. La Asociación reclamaba "aprobar las órdenes ministeriales correspondientes con las retribuciones pendientes, así como los planes de inversión presentados por las empresas, en aras de la necesaria seguridad jurídica".
Consultada por elEconomista, la patronal explica que el regulador está aplicando la metodología considerando que el Supremo vaya a aceptar en su totalidad el procedimiento de lesividad, mientras que el Gobierno está aplicando la metodología vigente, a la espera de lo que decida finalmente la Justicia. "Creemos que la CNMC no aplica una buena práctica regulatoria", indican fuentes de la Asociación.
Falta de inversión en Endesa
En cualquier caso, en su análisis, la CNMC detecta que de las 333 empresas que desarrollan la actividad -la gran mayoría está en manos de las cinco grades de Aeléc- más de un tercio, 131, han ejecutado menos inversiones de lo que debían durante el año 2017, último con datos, y empleado para calcular su retribución el presente 2019. Otro tercio, en cambio, presenta más inversión de la prevista.
De las grandes, el regulador señala que únicamente Endesa ha acometido menos inversión de lo comprometido, e indica que reincide a la hora de incumplir, puesto que ya presentó subinversión en 2016. Y le advierte de que si reincide otro año más, se le reducirá el límite de inversión anual con derecho a retribución.
