El transporte público ha aprovechado la guerra abierta contra el coche en las principales capitales españolas para impulsar una reivindicación casi histórica: la mejora de la financiación del servicio y el aumento de las subvenciones estatales. El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido en los Presupuestos de 2019 las partidas aprobadas en 2018 y 2017 que, en líneas generales, se han mantenido congeladas desde que en 2012 se rebajaron un 27%.
Ante la previsible aprobación hoy en Consejo de Ministros de las Cuentas, la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Urbanos Colectivos (ATUC) ha enviado una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para pedirle que aproveche la tramitación parlamentaria de los PGE para "recuperar el nivel de subvenciones anterior a la crisis destinadas al transporte urbano colectivo de las ciudades". Según explican, los 90 ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se reparten 51 millones de euros para sufragar parte del servicio mientras que en 2011 la partida era de 70 millones.
Actualmente, Madrid recibe unos 128 millones, Cataluña, 108 millones, Canarias, 50 millones y Valencia, 10 millones. En total, el Estado subvenciona el transporte público con unos 346 millones, apenas el 7% de los 5.000 millones al año que cuesta el servicio, que vive mayoritariamente de la venta de billetes. Así, las EMT de España exigen que el Gobierno eleve su aportación hasta los 750 millones para sufragar al menos el 15% del total. La idea es que esta partida se incluya en una la ley que diera estabilidad al sistema y que se está negociando con los partidos políticos.
"El incremento de las subvenciones es especialmente importante este año por la necesidad de mejorar el servicio, ya que el transporte urbano es la única alternativa viable para luchar contra la polución y la congestión en las ciudades", asegura ATUC en la misiva.
