El Gobierno ha suavizado los requisitos de las empresas que manejan los gases refrigerantes presentes en aires acondicionados, frigoríficos y equipos similares, consiguiendo con ello una rebaja en la factura de los consumidores de unos 850 millones de euros al año, según sus cuentas. De no haberse producido el cambio, los particulares hubieran tenido que contratar un seguro de 500.000 euros, con una póliza de 55 euros anuales, al instalar un sistema de climatización, entre otros gastos extra.
En 2015 entró en vigor el Reglamento UE 517/2014, con cuotas que reducen progresivamente la disponibilidad de varios gases refrigerantes, cuyo efecto invernadero es entre 150 y 22.800 veces más potente que el CO2. Aplicándolo, estas emisiones deberían bajar en la UE desde los 90 millones de toneladas equivalentes de CO2 registradas en 2005 hasta los 35 millones de toneladas en 2030.
De acuerdo con el sistema de cuotas, entre 2018 y 2020 la disponibilidad de los gases refrigerantes afectados ha bajado un 37%, con varios efectos secundarios: se han disparado los precios, que llegaron a multiplicarse por cinco, se está produciendo fraude y contrabando en la UE, y se están usando otros gases para sustituir los prohibidos; en España, por ejemplo, su presencia ha bajado desde el 3% de todos los gases de efecto invernadero hasta el 2% contabilizado en 2017.
Ahora bien, los gases refrigerantes tienen distintos grados de toxicidad e inflamabilidad y están sujetos a estrictas reglas de seguridad industrial, de modo que la sustitución de unos gases por otros ha obligado a modificar también su normativa técnica y a suavizar las exigencias sobre el tipo de empresas que pueden manejarlos.
Habilitar empresas frigoristas de nivel 1
Hasta la aprobación en el pasado mes de diciembre del Real Decreto-ley 20/ 2018, sólo las empresas frigoristas de nivel 2 podían trabajar con las instalaciones que emplean los gases refrigerantes de la clase A2L, pero ahora también podrán ejecutarlas, mantenerlas, repararlas, modificarlas y desmantelarlas las empresas frigoristas de nivel 1.
El Ministerio de Industria cuantifica las implicaciones de este cambio en un ahorro para los consumidores de 846 millones de euros anuales, según la memoria de impacto del citado decreto-ley. Este monto se deriva de varios factores, partiendo de la base de que los equipos vendidos que usan gases de la clase A2L ascienden a 1,05 millones de unidades anuales.
El principal de sus argumentos es que las empresas frigoristas de nivel 1 cobran entre 200 y 400 euros menos por trabajo que las de nivel 2, algo que la patronal del ramo, la Asociación de Empresas del Frío y su Tecnología (Aefyt), pone en cuestión: "¿es cierta esa diferencia por realizar la misma instalación?", se pregunta Félix Sanz del Castillo, adjunto a la Gerencia de la entidad.
Así, según el Gobierno, de las 960.000 instalaciones menores de 12 kW que se instalan anualmente, propias del segmento doméstico y del pequeño comercio, se obtendría un ahorro de unos 725 millones de euros anuales, pero Aefyt considera que ese ahorro se limitará al entorno de los 200 millones anuales.
Seguro de 55 euros anuales
Aefyt, en cambio, sí da por buenos los cálculos para sistemas con potencias mayores, de los segmentos industriales y del gran comercio, al igual que otros elementos, como que cada actuación no necesitará un proyecto con dirección de obra -de 500 a 1.000 euros adicionales a la memoria técnica- o que cada propietario de las instalaciones, incluidos los domésticos, se evitarán tener que contratar un seguro de 500.000 euros, con una póliza anual de unos 55 euros de media.
Así, de acuerdo con las cuentas de la patronal, el ahorro que proporcionará la habilitación de las empresas frigoristas de nivel 1 para operar con los gases A2L ronda los 350 millones anuales. Pero además, apunta que se ha solventado otro problema, y es la escasez de empresas autorizadas a manejar estos gases: "si no cambia la norma, no habría suficientes empresas frigoristas de nivel 2 para cubrir la demanda", sentencia Sanz del Castillo.
Fraude del 20% del mercado
Aefyt también denuncia que el mercado nacional sufre un fraude anual de 3.000 a 4.000 toneladas de gases refrigerantes, alrededor del 20% del total, que se importan ilegalmente. La Asociación lo ha denunciado a las autoridades, y la Guardia Civil se está enfrentando al problema.
Este fraude no es exclusivo de España, puesto que se deriva de la reducción de cuotas resultante de la aplicación del citado Reglamento europeo, y la patronal europea del ramo, EPEE, ha alertado de ello, y colabora con la Comisión Europea para atajarlo.
Sin embargo, en España hay un elemento adicional, un impuesto específico sobre los gases fluorados de efecto invernadero que se aplica desde 2014 y que propicia la importación de gases desde otros socios comunitarios que carecen de él, como Portugal o Italia.
Originalmente se esperaba que el impuesto recaudara alrededor de 400 millones anuales, pero tanto la reducción del volumen de gases, como el hecho de que sean menos potentes (el tipo se modula en función de ello), como el fraude, lo han dejado en unos 120 millones en 2017; el pasado 2018, hasta noviembre, iba por 108 millones, según los datos de la Agencia Tributaria.
