Las ingenierías se han anotado una victoria en sus permanentes disputas con Ineco. Fomento ha atendido las demandas presentadas por algunas patronales autonómicas y ha obligado a la ingeniería pública a cumplir con la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el 9 de marzo pasado, de manera que a la hora de contratar servicios atienda a una fórmula en la que los criterios de calidad pesen el 55 por ciento y los económicos el 45 por ciento. "Podemos afirmar que se han acabado las subastas en las contrataciones de servicios de ingeniería de Ineco", afirma el presidente de la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), Ignacio Sánchez de Mora.
Se trata de "una magnífica noticia para el sector", señala el representante empresarial. No en vano, Ineco se erige en uno de los mayores contratistas de servicios de ingeniería y consultoría de España gracias a los encargos que recibe desde la Administración.
En 2017, la firma que preside Carmen Librero se apuntó contratos por 166 millones de euros a través de las anteriormente denominadas encomiendas de gestión.
La nueva ley de contratos públicos impone que en las contrataciones de servicios intelectuales, como la ingeniería y la consultoría, el peso de la propuesta técnica supere a la económica. Tras su aprobación, Ineco continuó, sin embargo, otorgando un porcentaje mayor al precio, erigiéndose en el único ente estatal que incumplía la normativa -algunas administraciones locales y autonómicas también lo han estado haciendo en los últimos meses-. Ante ello, las patronales autonómicas de ingeniería de Andalucía (Asica), Cataluña (Asinca), Galicia (Ageinco), Aragón (Asincar), Comunidad Valencia (Avinco), Extremadura (Asincex) y Castilla y León (Acalinco) impugnaron algunos contratos de la ingeniería pública ante Fomento.
Segunda vuelta
En concreto, recurrieron el Acuerdo Marco de los Servicios de Proyectos y Cálculo de Estructuras en Obra Civil, publicado en julio pasado por contravenir la ley de contratos públicos, toda vez que la parte económica tenía un peso del 70 por ciento.
En octubre, en virtud de la resolución de Fomento, Ineco desistió del acuerdo marco y lo volvió a licitar. En esta ocasión, la ingeniería pública se atuvo a la normativa, de forma que el precio representaba el 45 por ciento. Sin embargo, una vez preseleccionadas las empresas, en una segunda vuelta las sometía a una subasta (100 puntos oferta económica). Ante esto, Asica, en representación del resto de patronales, presentó un escrito de aclaraciones e Ineco también ha eliminado esta fórmula. A instancias de la organización andaluza, la ha suprimido igualmente en otro concurso para cálculo de estructuras.
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