La familia chilena Luksic (dueña del 3,45% del Popular antes de su caída) ha aportado documentos al proceso que se batalla en el tribunal de Luxemburgo contra la resolución del banco para demostrar que la entidad tenía liquidez a su disposición para evitar un final inmediato.
El despacho de abogados que lleva su defensa, Roca Junyent, ha presentado ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) información confidencial intercambiada entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España el 5 de junio, día previo a la caída del Popular, que demuestra que el organismo europeo facilitó unos 9.500 millones de euros en liquidez de emergencia a la entidad hasta el 14 de junio. No obstante, la Junta Única de Resolución (JUR) intervino el Popular el 6 de junio, bajo el argumento de falta de liquidez.
El documento del BCE, aportado por los Luksik, podría entrar en contradicción con las versiones que indican que el Banco de España mantuvo tras la intervención que el Popular no aportó el colateral suficiente para obtener ELA (línea de liquidez de emergencia, por sus siglas en inglés). Aunque la inyección la aporta el BCE, es el Banco de España el encargado de aprobar o no las garantías que da una entidad. Sin embargo, y según la información intercambiada entre ambos organismos supervisores en la que se basan los Luksic el día antes de la resolución del Popular, la entidad proporcionó "una garantía adecuada a los efectos del ELA".
El exgobernador del Banco de España, Luis María Linde, explicó en una misiva destinada al presidente del BCE, Mario Draghi, que el Popular estaba sopesando diferentes alternativas para restablecer la confianza de los inversores, entre las que se incluía una posible venta. Con este objetivo, solicitó al organismo europeo una prórroga de la liquidez hasta el 21 de junio de 2017. Finalmente, el que era el sexto banco del país fue intervenido en la madrugada del día siguiente sin agotar unos 6.000 millones de euros de los fondos que tenía a su disposición.
Entidades
