La Audiencia Nacional dio el pistoletazo de salida a un macrojuicio en noviembre de 2018 que por primera vez, tras seis años, unió a Bankia y su expresidente, Rodrigo Rato, en el mismo bando. Paradójicamente, Bankia ejercía la acusación particular contra Rato y los otros 63 ya condenados por las visas opacas por haberle causado un perjuicio al patrimonio de la entidad, pero entonces el banco también se sentó en el banquillo de los acusados junto al que fue su presidente por la salida a bolsa de la entidad.
De hecho, la lucha fue la misma: todos contra los informes de los dos peritos judiciales que determinaron que las cuentas del banco de 2010 y 2011 estaban falseadas. "Los informes adolecen, tanto en conclusiones como en contenido, de cualquier práctica de una pericial judicial. Son atípicos, puramente subjetivos y cada perito llega a conclusiones diferentes", relatan fuentes cercanas al caso.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, abrió la primavera de 2018 juicio oral contra 33 exdirectivos y exmiembros del consejo de administración de Bankia, además de un socio auditor de Deloitte, y contra tres personas jurídicas: Bankia, su matriz BFA y Deloitte. Los 34 estaban acusados de estafa a los inversores y, alguno de ellos, además por falsedad de cuentas, por el salto al parqué de la entidad, que se produjo el 20 de julio de 2011. No obstante, había diferencias claras entre las acusaciones.
Doctrina Botín
Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado sólo mantenían acusados a cuatro antiguos responsables de la entidad. Concretamente, actuaban contra Rodrigo Rato, para el que pedían cinco años de prisión; el exvicepresidente del banco, José Luis Olivas (cuatro años de cárcel); el exconsejero de la entidad Estanislao Rodríguez Ponga, (3 años), y el antiguo consejero delegado, Francisco Verdú, (dos años y siete meses). Así, el Ministerio Público solicitó al magistrado el sobreseimiento de la causa para el resto de los acusados, incluidos, Bankia y BFA. Después, al final del juicio, Anticorrupción también acusó a varios de los imputados de falsedad contable, como a Rato, y subió la petición de pena a 8 años y medio de prisión.
Antes de comenzar a defenderse, la entidad que encabeza José Ignacio Goirigolzarri solicitó al tribunal de la Audiencia Nacional (formado por los tres mismos magistrados que juzgaron las black) que se le aplicara la doctrina Botín. Este criterio, que estableció el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pese a que haya acusación popular, puesto que esta quedaría deslegitimada. Pero Anticorrupción rechazó aplicar esta doctrina al inicio del juicio.
En el caso Bankia fueron las acusaciones populares y particulares, compuestas por asociaciones de consumidores e inversores como Adicae, Aemec, CIC y también por CGT o 15MpaRato las que llevaron todo el peso de las acusaciones.
No obstante, las acusaciones particulares hacían aguas. Representadas por varias asociaciones e inicialmente formadas por unos 11.000 inversores minoristas afectados, la realidad es que en la actualidad el 98,5 por ciento han recuperado su dinero y sólo 168 personas no han ido ha reclamarlo. La entidad, por su parte, sigue teniendo consignada una cuenta con 2 millones de euros para que éstos recuperen su dinero cuando quieran. Por tanto, esta parte quedaba ya casi invalidada al inicio del proceso.
Seis presos por las 'black'
Además de Rato, otros cinco de los acusados en la salida a bolsa ya cumplían prisión por las black. Este era el caso de los exconsejeros Estanislao Rodríguez Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jorge Gómez y José María de la Riva.
El juicio, que se celebró en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), con salas más grandes, fue la primera ocasión en la que se volvía a ver a Rato tras su entrada en la cárcel el 25 de octubre de 2018.
