Madrid
El Gobierno ha otorgado 108,5 millones de euros a Endesa para que invierta en tres centrales eléctricas de Menorca, Gran Canaria y Tenerife, al objeto de que cumplan los niveles de emisiones contaminantes establecidos por la normativa comunitaria para 2020 y puedan seguir operando más allá de ese año, garantizando con ello el suministro eléctrico en las islas.
La Directiva 2010/75/UE, de Emisiones Industriales (DEI), establece unos valores límite para las emisiones de SO2, NOx y partículas que todas las instalaciones de combustión mayores de 50 MW -eléctricas e industriales- no deben superar para seguir operando durante la próxima década.
En la península, muchas de estas instalaciones han acometido o están acometiendo las inversiones necesarias para cumplir la normativa, pero en el caso de las centrales eléctricas de los territorios no peninsulares, las inversiones debe autorizarlas el Gobierno. Endesa opera estas centrales con un régimen retributivo regulado, con un sobrecoste de unos 1.000 millones de euros al año, que sufragan a partes iguales los consumidores de electricidad -se incluyen en los peajes eléctricos- y los contribuyentes, por medio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Riesgo de apagones
El operador del sistema eléctrico, REE, ha detectado que en los sistemas eléctricos de Baleares y Canarias hay riesgo de apagones si no se mantienen abiertas las centrales de Endesa a partir de 2020, y el Gobierno ha habilitado un procedimiento excepcional -incluido en la Ley de PGE de 2018- para que la compañía presidida por Borja Prado pueda acometer las inversiones ambientales que exige la DEI, una vez que el procedimiento ordinario previsto por la regulación exige unos plazos e hitos que imposibilitarían la adaptación de las centrales antes de que cambie la década.
Así, una orden de Transición Ecológica otorga a Endesa un régimen retributivo adicional para adaptar instalaciones de tres plantas y prolonga la retribución a otras instalaciones que técnicamente podrían operar pasado 2020, pero cuya vida útil regulatoria de 25 años vence durante los próximos ejercicios.
Baleares y Canarias
En Menorca hacen falta 135 MW adicionales y la central de Mahón recibirá 18,5 millones para adaptar tres grupos de generación con 138 MW, con una vida útil de cinco años. Se prolongará la vida útil de otros tres grupos con 41 MW en total.
En Gran Canaria se precisan 345 MW y la planta de Barranco de Tirajana percibirá 45 millones para adaptar dos grupos de 148 MW con una vida útil de 10 años. Se mantendrán 188 MW viables sin inversiones ambientales y faltarían 9 MW para garantizar la demanda a partir de 2023, cuya consecución se estudiará más adelante.
En Tenerife hacen falta 333 MW y recalarán otros 45 millones para adaptar dos grupos de la central de Granadilla, con 148 MW, también con 10 años de vida útil regulatoria. Se prolongará la vida útil de otros 181 MW, y aún faltarían 4 MW para evitar apagones a partir de 2023.
