La Generalitat rechaza indemnizar a Acciona por la anulación de la concesión de la empresa pública ATLL. La Comisión creada por el Ejecutivo autonómico para supervisar la resolución del contrato anunció ayer que, además, reclamará a la concesionaria 38,42 millones de euros, ya que el resultado contable de la liquidación es negativo. Para calcular dicha liquidación, los técnicos de la Generalitat estimaron que la sentencia del TSJC de 2015, ratificada por el Tribunal Supremo este 2018, declaró la nulidad de pleno derecho del conjunto del procedimiento, con lo que el contrato de adjudicación quedó sin efectos desde el momento inicial.
Sin indemnización
El Govern defiende que en la sentencia no se declaró culpable a ninguna de las partes, a pesar de que la justicia apreció infracciones de la Administración autonómica en el proceso de contratación, por lo que la liquidación debe contemplar únicamente la "restitución recíproca de los bienes y servicios" recibidos durante la adjudicación, excluyendo cualquier indemnización por daños y perjuicios.
La Generalitat considera que la adjudicataria debe ser compensada por las inversiones hechas en la mejora de la red de abastecimiento de agua y por la explotación de la concesión administrativa, pero descontando los ingresos por las tarifas y por la retribución por la producción de elec- tricidad mediante placas fotovoltaicas de ATLL. Por su lado, la Generalitat debe ser resarcida por ceder a la concesionaria las instalaciones de la red Ter-Llobregat, descontando el canon recibido como contraprestación.
Concretamente, la Comisión estima que, a 31 de diciembre de 2018 (fecha de la resolución del contrato), Acciona habrá obtenido 912,6 millones de euros en ingresos por el suministro de agua y venta de electricidad, mientras que la Generalitat deberá abonar a la concesionaria 874,17 millones, incluyendo los casi 300 millones del canon inicial por la privatización y los 380 millones del coste de operación. La diferencia entre ambas cifras son los citados 38,42 millones de euros a favor del Govern.
Fuentes de la adjudicataria replicaron ayer que la propuesta planteada por la Generalitat "es arbitraria y carece de fundamento jurídico y rigor económico" y que supone "una ruptura de los principios básicos del modelo concesional", que pone en riesgo la confianza de los inversores en el principio de seguridad jurídica.
Así, la empresa concesionaria y sus accionistas presentarán las correspondientes alegaciones en los próximos diez días. Acciona estimó en más de 1.000 millones de euros la indemnización que la Administración catalana debería pagarle por la liquidación del contrato. Ante ello, fuentes de la Generalitat ya admiten que es probable que el litigio vuelva pronto a estar en manos de la justicia.