Los expertos en prevención de riesgos recomiendan que, con independencia de su tamaño, las empresas velen por el cumplimiento interno de la normativa, reforzando sus programas y fomentando esta cultura a fin de evitar posibles daños reputacionales que afecten a su marca.
Según el fiscal de delitos económicos Juan Antonio Frago, el impacto negativo que puede sufrir una compañía a raíz de un escándalo se ha incrementado de forma exponencial con la aparición de las redes sociales, ya que "lo que pasa en un punto del planeta se sabe en diez minutos al otro lado del globo".
Durante la jornada sobre "compliance", riesgo y otros aspectos clave de la lucha contra el blanqueo organizada por Thomson Reuters, responsables en materia de cumplimiento plantean la importancia de formar a especialistas que no sólo prevengan, sino que, detectada una posible irregularidad, la monitoricen, reportándola para conocimiento de las autoridades si fuera necesario. Tarea no exenta de obstáculos que, en algunas ocasiones, puede llegar a convertirse en un cruce de caminos para los trabajadores, divididos entre el deber de velar por las buenas conductas y el temor a que cualquier posible denuncia se convierta en una lacra para su carrera.
En este sentido, Frago insiste en que cada vez son más las empresas que incorporan protocolos especiales para que cuando se descubra la identidad de denunciante o el canal no sea anónimo, se pueda proteger a éste, asegurando su progreso profesional. Unos avances que, sin embargo, contrastan con los fallos en materia de comunicación que muestran algunas compañías en momentos de crisis, y es que en opinión del fiscal, lo primero es tener claro si "dejar fluir la noticia o cortarla de raíz".
Aunque no en todos los casos la comisión de un delito acarree consecuencias fatales para la sociedad, que de ser considerada culpable en un procedimiento penal podría enfrentarse a penas de disolución, multa económica o clausura de sus establecimientos, entre otros, sí que podría dañar su imagen de cara al exterior.
El ejemplo de Oxfam
Para Frago, el ejemplo claro es Intermon Oxfam, que el pasado febrero se vio inmerso en la polémica destapada por el diario "The Times", según el cual varios trabajadores, entre los que había directivos y cooperantes, pagaron por mantener relaciones sexuales con prostitutas tras el seísmo en Haití de 2011.
Un incidente tachado de "repugnante" por la propia organización, que sólo en España recibió en esos días 1.200 peticiones de baja de socios que castigaron además la detención -producida casi en paralelo- del presidente de su patronato en Guatemala por corrupción. Hubo un impacto aún en Inglaterra, donde ha perdido más de 19 millones de libras (21,4 millones de euros) en donaciones periódicas, apunta Frago.
Con todo, reconoce que para fomentar la diligencia tanto en el sector privado como en el público se necesita un cambio de paradigma en el sistema actual, y lamenta que, a día de hoy, no exista a nivel nacional un modelo claro de lucha anticorrupción, lo que deja a territorios como Galicia sin esta Fiscalía especializada.
