El expresidente de Banesto, Mario Conde, fue detenido el 12 de abril de 2016 en una operación de la Guardia Civil. Pasó dos meses entre rejas, en Soto del Real, y pudo salir tras abonar una fianza de 300.000 euros. Su hija también fue detenida en esa operación, durmió una noche en los calabozos y después, más de dos meses en arresto domiciliario. La Fiscalía Anticorrupción, tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusó a Conde de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.
La Fiscalía le atribuía entonces pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales y que esos 13 millones procedían de las responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust. Anticorrupción situaba a Conde al frente de un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que, en una distribución de tareas, jerárquicamente establecida, habría logrado durante los últimos 17 años la colocación, encubrimiento y repatriación de cantidades de origen ilícito, algunas de ellas procedentes de su etapa al frente de Banesto. Dos años y medio después, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa. El juez no ha apreciado la comisión de delito alguno y, por tanto, ha acordado el sobreseimiento respecto de todos los investigados en esta causa.
Salvado por Hacienda
Un informe pericial elaborado por la Agencia Tributaria ha sido la clave. Durante el juicio, los peritos desmontaron toda la causa. Ni Conde cometió delito fiscal alguno entre los años 2010 y 2014, ni se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital, ni se generaron rentas susceptibles de tributar. También se descartó que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad española en 1987. El juez, después de todas las diligencias practicadas, concluye que el dinero investigado no tiene un origen relevante para el proceso, porque "sería anterior a Banesto", como así ha ratificado el perito judicial designado. Pedraz explica en su auto, conocido esta semana, que la comisión rogatoria cursada a Suiza para requerir la documentación bancaria sobre las cuentas y movimientos realizados por el exbanquero en entidades suizas concluye que el dinero de Conde proviene de diversos ingresos realizados entre los años 1980 y 1985, relacionados con la venta de la farmacéutica Antibióticos y por ingresos de una inversión inmobiliaria en Londres, devengados entre 1994 y finales de 2009. El perito ratificó en su comparecencia ante el juzgado que los fondos aflorados coincidían con los fondos transferidos con anterioridad a los años investigados por la Justicia española.
Y, ¿ahora qué? La actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO ha quedado en entredicho. El propio juez Santiago Pedraz ha reprendido por este caso a esta unidad de la Guardia Civil por tomar declaración por su cuenta y sin su consentimiento a una decena de testigos e imputados en el sumario. También quedan marcados buena parte de los medios de comunicación. En demasiadas ocasiones, los periodistas damos por hechos probados -¡y en grandes titulares!- las meras investigaciones de los cuerpos policiales. Informes filtrados, que se publican tal cual, sin posibilidad de réplica y que dejan al investigado sentenciado públicamente. "Así es la red de blanqueo de los Conde", se puede leer aún sobre este caso si se teclea Mario Conde en Google. La extralimitación en los grandes procedimientos por corrupción de algunos cuerpos policiales, con la ayuda de los medios de comunicación, debe ser motivo de reflexión. Nadie es culpable hasta la sentencia de un juez. Sin excepciones.
