El magistrado del Juzgado Central de Institucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha ordenado la entrada y registro de todas las sedes que las clínicas dentales 'low cost' iDental tienen por todo el país. Un total del 23 establecimiento en los que ya ha entrado la Policía Nacional en busca de pruebas y para hacer inventario de cara a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes.
Los registros, entre ellos en la sede de iDental en Rivas Vaciamadrid (Madrid), se realizan bajo la operación 'Apolonia' y tienen como objetivo aparte del inventario, recuperar dispositivos informáticos y repositorio de datos que contengan imágenes de pruebas médicas se usuarios para facilitara su devolución a los pacientes, que así podrán continuar con su tratamiento o denunciar, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En torno a 300 efectivos procederán a la entrada en las sedes de iDental en 23 provincias y serán ejecutados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) junto con la Científica, la Policía Nacional.
En concreto, los registros se están efectuando en Gijón, Salamanca (Santa Marta de Tormes), Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Gerona, Castellón, Valencia (capital y Alfalar), Albacete, Alicante, Elche, Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz (Puerto de Santa María) y Las Palmas de Gran Canaria, según fuentes policiales.
iDental esta siendo investigada por presuntos delictos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Unos 400.000 afectados y más de 200 piezas de investigación
Se estima que podría haber 400.000 afectados en todo el país, que es la cifra aproximada de pacientes que pasaron por estas clínicas contra las que se han presentado ya miles de denuncias y se acumulan mas de 200 piezas de investigación repartidas por todo el territorio nacional, aunque podrían llegar a superar el millar.
De hecho, el juez ha establecido un sistema de coordinación con las comunidades autónomas con afectados, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia a fin de agilizar la recogida de información y facilitar que los pacientes afectados tengan acceso a los historiales médicos que se encontraban tras el primer registro bajo custodia policial o judicial, documentos imprescindibles para presentar denuncia o continuar el tratamiento.
Esta clínica se dedicaba a prestar servicios odontológicos, aunque ofrecía un sistema de financiación de tratamientos a través de entidades bancarias mediante las que percibían el abono integro anticipado de sus servicios. Tras proceder al pago los pacientes afectado afirman que "eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos".