
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 lanzado por el Gobierno expone la necesidad de implantar la eficiencia energética en todos los edificios. Es un proyecto que se llevará a cabo con la ayuda del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe de 150 millones de euros con la finalidad de apoyar los programas de eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana.
El objetivo es actuar tanto sobre los suministros de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado como en desarrollo urbano mediante la construcción.
El proyecto contempla además ayudas a la rehabilitación para edificios de viviendas que incluyen como novedad unifamiliares y domicilios dentro de un edificio de forma individualizada. Las ayudas se concederán a aquellos edificios con una antigüedad anterior a 1996. Colaborará a la financiación de proyectos de pequeña y mediana envergadura llevados a cabo por asociaciones de vecinos, particulares, pequeñas y medianas empresas, y autoridades locales en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Esta ayuda se enmarca dentro de la iniciativa conjunta del Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, que en julio de 2015 lanzaron el Plan de Inversiones para Europa, el llamado plan Juncker, que ha movilizado 335.000 millones de euros en nuevas inversiones en toda la Unión Europea. Para ello, la cartera de proyectos apoyada por el plan Juncker cuenta con el respaldo de una garantía a primeras pérdidas de 21.000 millones de euros proporcionada por el presupuesto de la UE y el BEI. Este respaldo posibilita la financiación de proyectos con mayor riesgo y al mismo tiempo la obtención de un mayor volumen de inversiones privadas.
Llegan las primeras ayudas del plan
El Ministerio de Fomento ya ha ordenado la transferencia de 137 millones de euros a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. La cuantía es una parte de los 1.373 millones de euros de ayudas dirigidas a la vivienda que se ha comprometido a aportar a las comunidades, mediante los convenios firmados entre el 30 de julio y el 2 de agosto.
A esta cifra se sumarán otros 396,6 millones de euros a cargo de las administraciones autonómicas. De los 137 millones transferidos, el porcentaje más elevado se ha adjudicado a la comunidad de Andalucía, con 24,67 millones de euros, seguido de lo dedicado a Cataluña (20,93 millones), a Madrid (16,46 millones) y a la Comunidad Valenciana (16,45 millones).