Madrid
Las españolas Acciona y FCC Aqualia compiten con la francesa Veolia en el concurso organizado por el Gobierno peruano para adjudicar el sistema de saneamiento y depuración de las principales poblaciones ribereñas del lago Titicaca, valorado en 840 millones de soles, unos 225 millones de euros al tipo de cambio actual.
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada en Perú lanzó el concurso el pasado 16 de julio, tras el interés mostrado por FCC y Veolia en participar en el proyecto, tal y como informó elEconomista. Ahora se incorpora Acciona a la puja, en la que también participa la peruana Consorcio Aguas de Puno. De acuerdo con el calendario preliminar del proceso, éste debería culminar a finales de año.
El proyecto contempla otorgar una concesión de 30 años de duración para el sistema de tratamiento de las aguas residuales de 10 núcleos urbanos -con 1,1 millones de habitantes- ubicados en las orillas del lago Titicaca. El Estado peruano participará en la financiación de las obras, que deberían durar seis años, ya incluidos en el plazo de la concesión.
Tres objetivos diferentes
El proyecto consta de tres partes bien diferenciadas y en todas ellas debe tenerse en cuenta las extremas condiciones del entorno: a 3.800 metros de altitud no todas las tecnologías son igual de efectivas.
En primer lugar está el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de depuración -desde los colectores a los depositores, pasando por las estaciones de tratamiento de aguas- de seis localidades: Moho, Ayaviri, Juliaca, Puno, Juli e Ilave.
En segundo lugar, la operación y el mantenimiento de infraestructuras construidas por el Estado en otras cuatro localidades: Azangaro, Huancane, Lampa y Yunguyo.
Y en tercer lugar, la asistencia técnica para el mantenimiento de buenos niveles de calidad en los afluentes, en las aguas del lago y en los lodos de depuración.
El adjudicatario recibirá ingresos por dos vías: una remuneración por la inversión realizada -un valor fijo durante 15 años a percibir semestralmente- y otra remuneración por la operación y el mantenimiento de las instalaciones hasta el final de la concesión, sujeta a deducciones por incumplimiento de los niveles de servicio. En el caso de las infraestructuras construidas directamente por el Estado y cedidas posteriormente al concesionario, la retribución a la operación no forma parte del concurso y consiste en una cantidad fijada de antemano.
El Gobierno ya ha promulgado una Ley para expropiar los terrenos de las futuras infraestructuras de saneamiento y depuración.
