Empresas y finanzas

La CNMC acusa a los estibadores de forzar la firma de "acuerdos ilegales"

Foto: Getty.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha arremetido contra la estrategia de los estibadores para mantener el control sobre la carga y descarga de mercancías en la red de puertos españoles, pese al proceso de liberalización de la actividad iniciado hace ya casi 32 años. El organismo que preside José María Marín Quemada ha puesto en este contexto una multa de 3,43 millones de euros a cinco empresas y cinco sindicatos, entre los que destacan UGT, CCOO y Coordinadora, por firmar acuerdos en el puerto de Vigo contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley 33/2010, de 5 de agosto, que otorga libertad a las empresas para decidir la composición de su fuerza laboral en las actividades excluidas del régimen de la estiba, como el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular.

Aunque la mayor parte de la sanción (2,9 millones) ha recaído sobre las empresas, entre las que se encuentran Berge, Pérez Torres Marítima o Terminales Marítimas de Vigo, el superregulador ha querido destacar la responsabilidad de los sindicatos de la estiba por ejercer presión sobre las compañías para forzarlas a "adoptar acuerdos ilegales". En concreto, en la resolución publicada el miércoles, el organismo señala que, pese a los sucesivos cambios legislativos, los estibadores han recurrido a la huelga y a "acciones perturbadoras" para obligar a las empresas a "mantener unas prácticas contrarias a la normativa vigente y favorables a sus intereses". "Los acuerdos no regulaban las condiciones laborales de los trabajadores de SAGEP (Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarias) sino que limitaban la organización interna de empresas competidoras", dice.

Una presión que no las exime de responsabilidad a las empresas de la estiba dado que su obligación es "respetar la normativa vigente". Así, no pueden adoptar sus decisiones de manera coordinada por medio de una colusión por mucho que hayan sido presionadas por los sindicatos, explica la Comisión Nacional de la Competencia.

Los pactos sancionados corresponden al año 2010, cuando, en un contexto de cambio legislativo encaminado a intentar liberalizar el sector, los sindicatos y las empresas que operaban en el puerto de Vigo firmaron un acuerdo extraestatutario para impedir "el embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular y la recepción y entrega de mercancías por parte de trabajadores que no fueran estibadores". Una limitación que eliminó la ley de 2010 pero que recuperó el Real Decreto-ley 8/2017. Según alerta la CNMC, este modus operandi eleva los costes de la actividad, limita la competitividad del puerto y "propicia la desviación de los tráficos a puertos competidores", señala la CNMC en la resolución.

Aunque este acuerdo fue denunciado por las propias empresas a finales de 2016, antes de que estallara el conflicto entre los estibadores y el Ministerio de Fomento por el nuevo intento de liberalizar el sector para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, lo cierto es que la situación no ha cambiado. Tras la aprobación del Real Decreto Ley, cuyo reglamento todavía está pendiente, algunas empresas estibadoras denunciaron ante la CNMC que los sindicatos estaban presionando para "llegar a acuerdos fuera de la ley" y seguir "controlando el acceso a la profesión, la contratación y la organización del trabajo manteniendo cerrado el sector".

Una denuncia que llevó al superregulador a abrir un expediente sancionador a la patronal Anesco, de la que se escindieron algunas empresas, y al sindicato mayoritario Coordinadora por pactar posibles prácticas anticompetitivas. Es decir, por incluir, presuntamente, una serie de acuerdos en los convenios colectivos encaminados a restringir la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y limitar la libertad de las empresas prestadoras de dicho servicio de participar o no en sociedades cuyo objeto social sea la puesta a disposición de los citados trabajadores. "El convenio colectivo ignora el contenido del Real Decreto-ley 8/2017", explican fuentes cercanas al proceso.

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