
El sector del taxi se ha levantado en pie de guerra contra el Ministerio de Fomento para forzarle a limitar la circulación de Uber y Cabify en las ciudades, tal y como intentó hacer el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo reglamento ha sido recurrido por la CNMC, Unauto, y el Ministerio porque supone "una invasión de competencias", explicó el ministro José Luis Ábalos.
Aunque Fomento retiró la solicitud de cautelares para "rebajar la tensión", lo cierto es que no ha servido de nada ya que el juez concedió las solicitadas por la CNMC, lo que prendió la mecha de las protestas de los taxistas, que han convocado huelga indefinida "hasta que se instaure el ratio 1/30". Para tratar de frenar la escalada de violencia, Fomento ha adelantado al miércoles 1 de agosto la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transporte, prevista para septiembre, en la que ha prometido que se estudiará "la posibilidad de que las CCAA asuman la competencia de regular el sector" de las VTC (vehículo turismo con conductor). Además, este lunes Fomento se reúne con las principales asociaciones del taxi.
Y es que, desde el Gobierno y el propio PSOE llevan semanas negociando con las asociaciones de taxistas (Elite, Fedetaxi, Antaxi) y distintos partidos políticos, como Podemos, para dar vía libre a las autonomías para que puedan crear su propia licencia de VTC y así regular el sector en función de sus necesidades de transporte. La idea sería tramitar por vía de urgencia (sin que haya alegaciones) el cambio de la ley orgánica 5/1987 de delegación de facultades del Estado en las CCAA en relación con los transportes por carretera y de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (Lott) para que las 17 comunidades tengan el poder de limitar las VTC.
El PSOE tendría así que reeditar el pacto de la moción de censura para poder cambiar la ley en el Congreso rápidamente, es decir, que ningún partido pusiera alegaciones que alargara su tramitación y cambiar el espíritu de la reforma. "Si las VTC ahora hacen un transporte mayoritariamente urbano, lo normal es que estén bajo el control de las CCAA y los Ayuntamientos, como el taxi", explican fuentes presentes en los encuentros. En este punto, César Ramos, diputado del PSOE Congreso y portavoz de la comisión de Fomento asegura a este diario que la solución pasa por crear una "convivencia ordenada" y no por eliminar a la competencia.
Para que las CCAA regulen la actividad urbana o municipal de los vehículos que operan con Uber y Cabify tienen que poner ellas las licencias y aquí es donde se abre la puerta a que puedan limitar la circulación de las mismas por el interior de las áreas metropolitanas, informan fuentes cercanas a la negociación. Así, tienen dos opciones, o dar una licencia a todos los vehículos que tengan ya la estatal o fijando una serie de requisitos que le permita otorgar menos. Barcelona optó por restringir su otorgación hasta reducir el número de VTC al ratio 1/30, que perdió hace mucho (ahora está en 1/8 y se esperan muchas más). Los taxistas llevan meses exigiendo que se eliminen licencias de VTC hasta que se recupere el ratio 1/30 incluido en la ley hace poco, pero eso es imposible de hacer desde el Estado.
Debido a que las leyes no pueden ser retroactivas, aquí hay que ver cómo afectaría a las más de 9.350 licencias que actualmente están en circulación. Por un lado, podrían seguir realizando transporte interurbano, que depende del Estado, y, por el otro, habría que regular si pueden hacer algo de su actividad dentro de las ciudades o si se les puede quitar sus derechos adquiridos con un cambio posterior.
La situación es complicada y con esta medida, Fomento pasa al tejado de los Gobierno autonómicos la responsabilidad de solucionar la guerra del taxi. Una responsabilidad que muchas no están dispuestas a asumir pese a que la Generalitat la ha reclamado públicamente tras el estallido del conflicto en sus calles este fin de semana. En este punto, Fedetaxi ha reiterado su exigencia de que se cree una licencia urbana o autonómica para las VTC y que el cambio en la regulación sea igual en toda España y se realice con la connivencia de las CCAA, algo imprescindible desde el punto de vista legal.
El PSOE está preparando una serie de iniciativas para mejorar "la convivencia" entre el taxi y las VTC
Paralelamente al cambio de la ley orgánica, que depende de que las CCAA y los distintos partidos quieran, el PSOE está preparando una serie de iniciativas para mejorar "la convivencia" entre el taxi y las VTC y que suba la demanda para que haya trabajo para todos. El modelo tiene cinco puntos que incluye, como prioridad, eliminar la incertidumbre en el sector del taxi, con la fijación de un mercado estable con las mismas reglas del juego. Así, dentro de los puntos del plan destaca una iniciativa para propiciar que desde las CCAA se permita a taxi mejorar su oferta para competir con Uber y Cabify con tarifas fijas, taxi compartido, pagar a través de aplicaciones. Desde Fomento defienden que hay que evitar que las empresas que tienen flotas de VTC puedan competir con el taxi por la vía de las condiciones laborales, ya que los conductores de Uber y Cabify tienen turnos de 12 horas y los coches no tienen que parar ningún día, algo a lo que están obligados los taxis (ver apoyo).
"Necesitamos un buen clima para llegar a un acuerdo y con la escalada de tensión que se vive en la calles es imposible negociar. Los taxistas son miles autónomos y es difícil contentar a todos", asegura el diputado César Ramos. Por su parte, Ábalos criticó que las protestas de algunos taxistas, que han sido grabados volcando coches VTC. "Llama la atención que se quiera reivindicar la convivencia y se actúe saltándose cualquier convivencia", aseguró el ministro de Fomento.