El sector eléctrico ha acogido a regañadientes la propuesta planteada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que plantea un recorte de 3.000 millones de euros para la retribución de las renovables, la cogeneración, los residuos y las redes entre 2020 y 2025, tal y como adelantó elEconomista.
Según fuentes del sector, para que el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos por la UE sea una realidad, se requiere de un desarrollo de renovables sin precedentes (más de 35GW), -con inversiones de más de 70.000 millones - de los que aproximadamente 30.000 millones corresponderías a las redes para integrar la nueva generación limpia.
Las eléctricas consultadas aseguran que les resulta extraño que el regulador español lance a consulta una tasa para distribución (5.47 por ciento) inferior a la actual (6,5 por ciento) y a la reconocida en los países de nuestro entorno, con los que compiten por la financiación, el desarrollo tecnológico y la atracción de inversiones
De hecho, la patronal Unesa aseguró este viernes que a pesar de ser considerada como la metodología más consistente -la utilización del WACC-, hay que advertir de que una definición inadecuada de los parámetros que la componen puede dar lugar a resultados que no reflejen la realidad de los mercados ni las características de la actividad en cuestión.
Unesa valora positivamente la oportunidad de participar en la elaboración de esta propuesta, en línea con las mejores prácticas regulatorias de otros países, en pro de la transparencia del proceso.
A falta de un análisis detallado, el resultado del borrador de informe de la CNMC de la tasa de retribución arroja un diferencial con respecto al bono español a 10 años de 400 puntos básicos, inferior a la media de otros países europeos, en los que se alcanzan los 500-550 puntos básicos.
La tasa que se fije para el próximo período regulatorio debe permitir afrontar el desafío de digitalizar y modernizar las redes de distribución para integrar nueva producción a partir de fuentes renovables, así como para facilitar la transición energética. Un proceso en el que las redes de distribución jugarán un papel clave para integrar distintos recursos distribuidos, como generadores a pequeña escala o puntos de recarga de vehículos eléctricos, y todo ello manteniendo los estándares de calidad del suministro.
La esperada electrificación de la economía es inconcebible sin el consiguiente desarrollo y refuerzo de las redes a las que se conectan dichas instalaciones. Por ello, el marco regulatorio y la rentabilidad adecuada de ambas actividades deben estar alineados, de manera que no parece razonable fijar un diferencial con el bono español por debajo del que se aplica en los países de nuestro entorno.