Madrid
El Gobierno tendrá que anotar en las cuentas de 2018 el coste derivado de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de las autopistas de peaje quebradas. El consejo de ministros aprobó el viernes la resolución de los contratos de siete de las ocho vías que ya han revertido al Estado. El plazo para fijar la RPA es de seis meses, por lo que podrá hacerlo hasta el 13 de enero de 2019.
No obstante, aunque el pago pueda realizarse el próximo ejercicio, el impacto del mismo se contabiliza en el momento de la reversión, que se produjo progresivamente entre febrero y mayo pasados, según explican fuentes gubernamentales.
El consejo de ministros acordó el viernes la resolución de los contratos de las autopistas radiales 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-36 Ocaña-La Roda y la AP-7 Cartagena-Vera en razón de su situación de insolvencia del inicio de la fase de liquidación de las sociedades concesionarias.
En próximas fechas deberá hacer lo propio con la Circunvalación de Alicante, que también ha sido liquidada y asumida por Seittsa. Desde ese momento, se abrirá igualmente un plazo de seis meses para establecer la RPA.
En una fase más retrasada se encuentra la novena autopista de peaje en concurso de acreedores, la AP-41 Madrid-Toledo, cuya liquidación aún no ha sido aprobada por el juez. Si este proceso y su posterior reversión se produce durante 2018, el coste de la RPA asociado también repercutiría en las cuentas públicas de 2018.
La estimación oficial del anterior Gobierno es que la RPA ascendería a 1.800 millones. El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, situó la cifra dentro de una horquilla de entre 2.000 y 2.600 millones. Un importe que los fondos que compraron la deuda elevan por encima de 4.000 millones y que ya han anunciado que reclamarán en los tribunales.
