La Comisión Europea (CE) dio hoy un ultimátum a la plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb para que antes de finales de agosto le presente sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores.
En el caso de que no fueran satisfactorios los cambios en sus políticas propuestos por el propio Airbnb, el Ejecutivo comunitario advierte de que la plataforma deberá hace frente a las "acciones" que puedan tomar las autoridades correspondientes.
"Cada vez más gente reserva su alojamiento vacacional por internet y este sector está procurando muchas nuevas oportunidades. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con la regulación europea", dejó claro en rueda de prensa la comisaria europea de Consumo, Vera Jourová.
La comisaria checa enfatizó que "los consumidores deben poder comprender fácilmente cuánto y en qué concepto pagan" así como "obtener un trato y servicios justos". Entre otros puntos, Bruselas considera que Airbnb debe enmendar su política de información sobre el precio final, que va cambiando a lo largo del proceso de reserva, así como dejar igualmente claro desde el principio quién alquila el espacio.
La CE considera que, con los términos actuales, Airbnb no cumple ni con la directiva de prácticas comerciales injustas ni con la de contratos injustos.
Asimismo, también le genera preocupación el hecho de que la plataforma pueda decidir unilateralmente sobre los términos del contrato sin haber informado previamente o que se intente evitar que se resuelvan las disputas por las vías tradicionales, más allá de las herramientas de resolución de conflictos del propio Airbnb. Por todo ello, la CE considera que, con los términos actuales, Airbnb no cumple ni con la directiva de prácticas comerciales injustas ni con la de contratos injustos.
El propio Ejecutivo comunitario y las autoridades de consumidores europeas estudiarán las soluciones que presente la plataforma, si lo hace, a finales de agosto.
De no ser satisfactorias las propuestas, cada país tomará medidas a nivel nacional a través de sus organismos de consumidores, pues "no existe un órgano a nivel comunitario", señaló Jourová, que apostó por que las autoridades de los Veintiocho encontrarán "medidas coordinadas" para hacer frente al conflicto.
Jourová aclaró que la CE solo se ocupa de promover que Airbnb se alinee con la legislación europea, sin perjuicio de que países o localidades europeas impongan otras exigencias añadidas.
La compañía se defiende
Airbnb ha defendido la transparencia de las tarifas de alojamientos que se alquilan a través de su plataforma. La compañía ha asegurado, en un comunicado, que se toma este tema "muy en serio" y está comprometida a ser lo más transparente posible con su comunidad, insistiendo en que los huéspedes "son conocedores de todas las tarifas, incluidos los cargos por servicio e impuestos, antes de confirmar su decisión de reservar un alojamiento".
Airbnb, que es una comunidad construida "en la base de la confianza, y los derechos de los usuarios son una parte importante de la misma", regularmente analiza y actualiza sus prácticas, incluyendo la revisión de los documentos de términos y condiciones para hacerlos más claros y de mejor acceso y comprensión para nuestros usuarios.
Airbnb se ha comprometido a trabajar junto con las autoridades "para aclarar los puntos planteados" y a hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a construir una plataforma de confianza para los millones de usuarios de todo el mundo.
