Madrid
El Corte Inglés ha conseguido desbloquear la auditoría de las cuentas del último ejercicio, cerrado el pasado 28 de febrero. Tras la salida de la presidencia de Dimas Gimeno, el gigante del comercio ha entregado a EY toda la documentación que ésta le había reclamado sobre el área de seguridad ante las sospechas de un presunto fraude.
Con ello, la firma auditora ha retomado su informe, que permitirá la aprobación de los estados financieros por parte de los accionistas en la junta que se celebrará el próximo 26 de agosto. EY había pedido, en concreto, información sobre posibles adjudicaciones por parte de El Corte Inglés a empresas vinculadas a la familia de José Carlos Fernández Cernuda, anterior responsable del área y en la actualidad máximo responsable en el grupo de Protección de Datos.
Aunque la auditoría sigue en marcha, el desbloqueo no significa, sin embargo, que pueda haber algún tipo de salvedad, anotación o párrafo de énfasis en la misma a raíz del conflicto. Sobre todo porque Gimeno presentó a finales de junio una querella criminal contra el anterior responsable de los servicios de Seguridad de la compañía, al que ha acusado de un presunto delito societario y otro de corrupción entre particulares.
El anterior presidente trata de implicar además a los consejeros al asegurar que estos delitos se habrían cometido "bajo conocimiento de algún o algunos miembros del consejo de administración del grupo", por lo que lo más lógico es que hasta que el conflicto no quede resuelto el auditor se vea obligado a realizar, probablemente, algún tipo de mención en su informe.
La querella se dirige también contra la madre de Fernández Cernuda y un socio del ejecutivo que trabaja como policía nacional
La querella de Gimeno se dirige también contra la madre de Fernández Cernuda y un socio del ejecutivo que trabaja como policía nacional. Tal y como informó elEconomista, la familia de Gimeno contrató el año pasado a Kroll, una firma especializada en la investigación de fraudes, para esclarecer lo que estaba pasando. El directivo sospechaba que al margen de haber estado adjudicando contratos a empresas bajo su órbita familiar, Fernández Cernuda habría aprovechado después para vender incluso alguna de ellas a grandes empresas del sector, con el contrato ya en mano.
En la querella, el anterior presidente del gigante del comercio asegura que Fernández Cernuda habría facturado presuntamente "grandes cantidades" a El Corte Inglés por servicios relacionados con la seguridad a través de "sociedades interpuestas participadas por amigos y familiares", entre ellos su madre y que si ha decidio actuar ha sido por la "reiterada negativa" del consejo a esclarecer los hechos y "con el único fin de proteger el legado familiar, a los accionistas, bonistas y, sobre todo, a los trabajadores".
Una vez que se retome la auditoría y que las cuentas sean aprobadas, el consejo de administración propondrá además a la junta de accionistas de agosto la expulsión del máximo órgano ejecutivo de su anterior presidente. Gimeno fue destituido con el apoyo unánime de todos los miembros del consejo, a excepción tan solo del inversor catarí Al Thani, que optó por la abstención.
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