
En plena polémica por el anuncio del Gobierno de suprimir los peajes en las autopistas de peaje que vencen, los accionistas de Itínere, la concesionaria que gestiona la primera vía que pasará a manos del Estado, la AP-1 Burgos-Armiñón, se verán las caras en los tribunales del 2 al 4 de julio próximos para dirimir el arbitraje que les enfrenta por la negativa de Corsair, el inversor de control, a permitir a Sacyr, Abanca y Kutxabank vender sus participaciones.
Esta disputa, que se dirime en la Corte de Arbitraje de Madrid, ha paralizado la operación, por la que Globalvia y otros fondos de inversión estaban interesados. Se prevé que la resolución se conozca después del verano y los demandantes confían en que sea favorable para poder así relanzar la venta, por la que valoran la empresa en más de 1.000 millones de euros.
Sacyr, Abanca y Kutxabank, que en conjunto controlan el 55,5% de la compañía, presentaron en julio de 2017 un arbitraje contra Corsair, primer accionista con el 38% del capital, y otros accionistas ante la Cámara de Comercio de Madrid después de que el fondo estadounidense se opusiera a facilitar la venta de sus participaciones a los primeros en virtud de unos acuerdos que cada parte interpreta de manera opuesta.
Sacyr (15,5%), Abanca (23,8%) y Kutxabank (16,2%) están asesorados por Uría Menéndez y el bufete Sánchez Calero en el arbitraje, que denuncia, además de a Corsair (a través del fondo Gateway Infrastructures Investment), a Liberbank (5,8%), Caser, Citibank y Pear Luxembourg Investment, según fuentes conocedoras del proceso. Los demandados cuentan con el asesoramiento de despacho de abogados Linklaters.
En paralelo al litigio entre los distintos accionistas, Kutxabank inició un arbitraje particular contra Corsair para tratar de romper la alianza que les une en el capital de Itínere y por la que aglutinan sus derechos en la sociedad Arecibo Servicios y Gestiones, de acuerdo con fuentes legales. La suma de sus participaciones asciende al 54,2%. La entidad vasca pretende terminar con este pacto para poder vender sus acciones junto a Sacyr y Abanca.
Corsair ostenta el control de Itínere desde 2015, cuando Citi Infrastructure le traspasó la gestión de su cartera, en la que sobresalía el 54% de la concesionaria española. Itínere gestiona seis autopistas en el norte de España, que suman unos 609,1 kilómetros de longitud, entre las que figuran la AP-1 Burgos-Armiñón -que en noviembre revertirá al Estado-, la AP-66 León-Campomanes, la de Audasa, entre Ferrol y Tuy, la AG-55 (A Coruña y Carballo), la AG-57 (Puxeiros-Baiona) y la AP-15 Tudela-Irurzun.
Sacyr, Abanca y Kutxabank pusieron en venta sus participaciones hace dos años. Globalvia, que negoció con el fondo australiano Macquarie para formar consorcio, es uno de los máximos interesados siempre y cuando ejerza el control. Asimismo, el fondo canadiense PSP, el holandés APG y el fondo soberano de Singapur GIC crearon una alianza para pujar por la concesionaria española. Este último, sin embargo, se habría caído de esta unión, según fuentes financieras.