Para cumplir los objetivos climáticos europeos de 2030, España tendrá que reducir un 30% sus emisiones de CO2 sobre el nivel de 2005, lo que se traduce en casi 30 millones de toneladas. Repsol, no obstante, ha identificado un potencial de reducción de 62 millones de toneladas hasta el final de la próxima década, más del doble, y según defiende, con medidas sin coste, sino con beneficios económicos.
Las emisiones de carbono de España alcanzaron un techo de 444 millones de toneladas antes de la crisis. Desde entonces se han reducido una cuarta parte, hasta los 336 millones de 2015. La UE, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, quiere que para el año 2030 el país emita menos de 300 millones de toneladas, lo que implica reducir unos 26,4 millones de toneladas en los sectores sujetos a la Mercado europeo de carbono (las industrias pesadas y la electricidad) y 2,9 millones de toneladas en los llamados sectores difusos: el transporte, la edificación, la agricultura, los residuos...
España, bien preparada
España está bien preparada, en comparación con otros países de la UE -lo recuerda el Gobierno siempre que puede- y ya se está redactando un Plan Integral de Energía y Clima con la hoja de ruta del país, esto es, con las medidas a acometer durante la próxima década.
Alrededor del Plan y de la futura Ley de cambio climático y transición energética se han publicado numerosos análisis y prospectivas, tanto de consultores como de empresas y asociaciones. El más relevante es el preparado por una Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Energía.
Repsol acaba de sumarse con su propia propuesta, desvelada durante su reciente Junta de Accionistas. El presidente de la petrolera, Antonio Brufau, dedicó buena parte de su intervención a comentarla, y a incidir en que el proceso de transición, abordado de un modo eficiente, no debe tener coste: "La factura no la debe pagar nadie: tenemos que acertar para llegar a la mejor ruta".
En su receta figura crecer el máximo posible en renovables eléctricas -con apoyo explícito a la generación distribuida- y en eficiencia energética. Este crecimiento, no obstante, debe hacerse sin "despreciar la tecnología", es decir, hay que apostar por la tecnología que ya esté madura y sea coste-eficiente, como la eólica y la solar fotovoltaica.
La maduración de las tecnologías, por otro lado, deben costearla las empresas, no el Estado mediante subvenciones.
La compañía, siguiendo esos criterios, ha identificado medidas que permitirían reducir al país 62 millones de toneladas de CO2 en 2030 en los sectores energético (20 millones), transporte (20 millones), edificación (20 millones) e industria (2 millones), a los que se pueden sumar otros 14 millones de toneladas si el precio de la tonelada de CO2 supera los 50 euros.