Las reformas para la transición energética bajarían la presión fiscal a los hogares un 0,3% y generarían 280.000 empleos
Aplicando la reforma fiscal verde propuesta por los expertos en Transición Energética, el gasóleo subiría un 28,6 por ciento, la gasolina un 1,8 por ciento, el gas natural un 5,8 por ciento... Pero con otras medidas, el impacto sobre un hogar medio sería positivo: la presión tributaria total bajaría un 0,3 por ciento -unos 76 euros anuales-, a la par que se generarían 280.000 empleos. El Ministerio de Energía considera que la reforma es muy ambiciosa, pero un buen punto de partida para el debate político y está dispuesto a asumirla de forma "gradual".
Ayer, tras seis meses de trabajo, se publicó el informe elaborado por los citados Expertos, a petición del Parlamento, para asesorar al país en la materia.
En sus conclusiones destaca que España está en condiciones de alcanzar los objetivos climáticos planteados por la UE de 2030 con una fuerte implantación de renovables -relativamente fácil hasta una penetración del 27 al 30 por ciento, pero compleja a partir de ahí- y la progresiva electrificación de la economía, siempre que se mantengan operativas las centrales nucleares.
En sus recomendaciones, sobresale el abordar una reforma fiscal energético-ambiental de gran calado -toma como base los estudios de Juan Ignacio Unda, un experto que no formaba parte de la Comisión-, con tres principios básicos:
Primero, sustituir los actuales impuestos sobre la energía por otros que internalicen los daños ambientales asociados a su producción y consumo: se crearían dos nuevos impuestos, uno sobre el CO2 y otro sobre las emisiones contaminantes, SO2, NOx y partículas. Segundo, modificar la financiación de las renovables, de forma que su coste recaiga en los Presupuestos del Estado o sobre otras fuentes, como los derivados del petróleo. Y tercero, que cada subproducto energético financie sus infraestructuras; ya lo hacen electricidad y gas, por lo que habría que crear un recargo para que gasolina y gasóleo hagan lo mismo con la red de carreteras.
Impuesto para las carreteras
La reforma recaudaría 20.600 millones de euros anuales -sólo el tributo sobre carreteras aportaría 12.600 millones-, que se reducirían a 18.900 al aplicar exenciones para industria, agricultura y transporte profesional. Con ellos se cubrirían las pérdidas de ingresos de los actuales impuestos sobre la energía -las comunidades autónomas reciben ahora casi 14.000 millones- y se sufragarían las energías limpias.
Macroeconómicamente, con un tipo del 15 por ciento sobre el CO2, la reforma crearía 280.000 empleos, aportaría un 1,3 por ciento de PIB y la recaudación fiscal subiría en 941 millones. Los hogares, contando con que Hacienda devolviera esa subida, verían reducida la presión total un 0,3 por ciento de media, unos 76 euros anuales.
La reforma eliminaría tributos de la tarifa eléctrica por 2.300 millones al año y se complementaría con más actuaciones de calado en ella, entre las que resalta trasladar a los Presupuestos del Estado las actuales ayudas a las renovables, la amortización de la deuda eléctrica y la solidaridad interterritorial, esto es, alrededor de 10.800 millones anuales. Como resultado, la luz bajaría un 6,8 por ciento y desaparecerían partidas tan controvertidas como el célebre impuesto al sol.
Energía es prudente con estos números -dependen de diversas variables-, pero contempla su implantación gradual; de momento los va a trasladar a la Comisión interministerial sobre la transición energética. También recalarán en el Congreso, donde se abrirá una ponencia para que los estudien las formaciones políticas.
