Rodrigo Rato ya no tendrá que comparecer el próximo 5 de abril por la pieza separada que investiga un presunto delito de blanqueo de capital, por la facturación que realizó a empresas en las que medió para su privatización siendo vicepresidente del Gobierno. El juez del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, suspendió ayer la declaración prevista. El magistrado esperará a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie al respecto de esta pieza separada, después de que Rato presentara un recurso para el archivo de la causa.
La unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al ex vicepresidente del Gobierno un presunto delito de blanqueo de capitales, al influir en el nombramiento de los presidentes de estas sociedades privatizadas y después cobrar comisiones.
Según la Guardia Civil, el exministro llegaba a acuerdos publicitarios con las firmas privatizadas, a las que facturaba a través de sus empresas precios excesivos que encubrían comisiones. El informe realizado por la UCO refleja que legó a facturar hasta un total de 80,3 millones entre 2000 y 2014 a empresas como Endesa, Repsol, Iberia o Telefónica, entre otras.
Toma de declaración el 5 de abril
No obstante, el juez Serrano Arnal continúa adelante con la toma de declaración a Rato el próximo 5 de abril, por la facturación de las conferencias que impartió para la firma Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC). Así, recibió 1,66 millones de euros de esta empresa por las charlas impartidas entre 2007 y 2014 y las facturó a través de su firma Arada.
La Guardia Civil señaló en uno de sus informes iniciales que la financiación de la empresa gibraltareña de Rato, Vivaway, por parte de Arada se hizo presuntamente a través de ingresos defraudados a la Hacienda Pública, precisamente procedentes del pago de estas conferencias.