Javier Aliaga
La Paz, 22 oct (EFECOM).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió hoy nueve meses de gestión al final de una semana cerrada con el respaldo de su homólogo argentino, Néstor Kirchner, y en puertas de su mayor reto consistente en que las petroleras acepten la nacionalización de los hidrocarburos.
El mandatario socialista, que cumplirá 47 años el jueves próximo, firmó el pasado jueves un acuerdo de asociación energética con Kirchner, con negocios que le darán a Bolivia ingresos calculados en 50.000 millones de dólares en veinte años, según datos oficiales.
La presencia del Kirchner en Bolivia supuso para Morales un espaldarazo tras los difíciles momentos de las últimas semanas por la muerte de dos campesinos cocaleros, de 16 mineros y una radical huelga de presidiarios en conflictos aún no resueltos plenamente.
También cargaron el clima político los rumores de golpe de Estado, a los que alude permanentemente el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero que en los últimos días llegaron al extremo con la denuncia de Morales de un plan para matarlo en un acto popular el 12 de octubre pasado, en presencia de indígenas de varios países.
La policía informó de que la advertencia fue hecha en una llamada telefónica anónima, que hablaba del presunto atentado organizado por ex militares que llegarían de la región de Santa Cruz, y obligó al mandatario a usar un chaleco antibalas en la céntrica Plaza de los Héroes.
"Sabemos de la batalla que está dando el pueblo boliviano contra los viejos intereses y venimos, querido Evo, con los brazos abiertos, a dar nuestra solidaridad", le dijo Kirchner a Morales el pasado jueves precisamente en Santa Cruz, sede de grupos políticos y de empresarios opositores al mandatario socialista.
Venezuela también ratificó este mes su apoyo a Morales a través de un polémico discurso de su embajador en La Paz, Julio Montes, que inclusive ofreció "sangre y vidas" venezolanas para defenderlo.
La matanza que dejó 16 muertos entre dos grupos mineros rivales el 5 y 6 de octubre pasados, por el control de una mina de estaño, fueron los "peores días" de Morales, según admitió él mismo, y puede derivar en un juicio en su contra tal como anunció la Central Obrera Boliviana.
Una semana antes, a finales de septiembre, dos productores de coca murieron en un choque con el Ejército y la Policía al defender sus cultivos frente a la erradicación ordenada en un parque de la zona central del Chapare, el fortín político y sindical de Morales.
En el primer caso, el Gobierno deslindó responsabilidades afirmando que se trató de un enfrentamiento entre mineros y en el segundo acusó a los productores de coca caídos de trabajar con el narcotráfico en la reserva natural donde está prohibido el cultivo de la coca.
Las protestas en las cárceles realizadas la semana pasada por los reos, con medidas extremas como crucifixiones, entierros hasta el cuello y auto lesiones, han sido cambiada por una huelga de hambre pacífica, pero el conflicto se mantiene latente.
Tras superar esos momentos, y con una popularidad que cayó del 81 al 52 por ciento, entre mayo y fines de septiembre, Morales se apresta esta semana a afrontar el reto más duro de su gestión, consistente en cerrar los nuevos contratos con diez petroleras.
Las compañías, entre ellas la hispano argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf, deben firmar hasta el próximo sábado los convenios de operación o irse del país, según establece el decreto nacionalizador.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, agregó tensión al proceso el viernes pasado al afirmar, en entrevista con Efe, que las negociaciones pueden tener definiciones hasta en el "último minuto" de ese día.
Según Villegas, el Gobierno no ha considerado una prorroga del plazo de negociaciones como lo ha planteado una comisión de la Cámara de Diputados que sugirió una ampliación del término en uno o dos meses para liberar de tensión el diálogo con las empresas.
Sin embargo, ha expresado su confianza en que el acuerdo con Argentina, para venderle 27,7 millones de metros cúbicos hasta el 2026, será un aliciente para que las multinacionales petroleras firmen los nuevos contratos. EFECOM
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