La Audiencia Provincial de Madrid rechaza, en un auto al que ha tenido acceso elEconomista, que El Corte Inglés haya cometido los delitos de apropiación indebida, administración desleal y corrupción entre particulares, de los que les acusaba la Corporación Ceslar -sociedad patrimonial de la familia Areces Galán-, por la operación de entrada en el capital de la mercantil del inversor catarí Hammad bin Jassim -exprimer ministro de su país- con el 10% del capital.
La Sala no considera, "ni siquiera indiciariamente, que estemos ante posibles delitos" y concluye que "los alegatos de la querellante no aportan ese mínimo indispensable para proseguir la investigación de posibles delitos". Los magistrados entienden justificada la operación, así como que la Corporación Ceslar la conoció, pero prefirió acudir a la vía penal en vez de a la civil, pero sus alegatos no aportan ese mínimo indispensable para proseguir la investigación de posibles delitos.
Explica el ponente, el magistrado De Urbano Castrillo, que se trata de un empréstito de colosal volumen -1.000 millones de euros-, porque la destinataria de la operación de financiación es una de las empresas más importantes de España".
Por otra parte, explica que ha sido necesario, para conseguir a los inversores, que son extranjeros, recurrir a sociedades especializadas, las cuales han desarrollado una labor que está documentada y por la que han percibido unos honorarios en los que se ha tenido en cuenta el "éxito" de su trabajo, que no ha sido otro que conseguir la financiación que requería El Corte Inglés.
Querella contra el consejo
En la querella se argumentaba que Ceslar había sido marginada de la operación, al no informársele de la misma, y denunciaba el "expolio" que había supuesto el hecho de pagar 3,75 millones de euros a Morgan Stanley, por asesoramiento, y 19,5 millones de euros a Barreiro Nogaledo por intermediación, a través de sus sociedades domiciliadas en Singapur y Emiratos Árabes.
La querella iba dirigida contra Dimas Giméno Álvarez , presidente de El Corte Inglés, y los consejeros Antonio Hernández-Gil -secretario no consejero-, Manuel Pizarro Moreno, Carlos Anselmo Martínez Echevarría, Shahzd Shahbaz y Florencio Lasaga Muñárriz, que habrían tomado el acuerdo y contra David Barreiro Nogaledo, administrador y propietario de las mercantiles Noganoir Capital y Tereze Capital, que realizó la intermediación para propiciar la operación de financiación. En la defensa ha intervenido el exfiscal Jesús Santos, socio de Baker & McKenzie.
El magistrado del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid decidió el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al considerar que estos asuntos deberían ventilarse a través de otros cauces legales y vías jurisdiccionales, pues "los hechos objeto del presente procedimiento tienen un claro carácter mercantil".
La Audiencia Provincial, por el contrario, indicó al juez instructor que procediera a instruir la querella, iniciándola con la ratificación del querellante, para que pudiera realizar las aclaraciones y ampliaciones que precisase. Finalmente, el instructor decidió sobreseer provisionalmente las actuaciones.
El Ministerio Fiscal argumentaba que aceptar la querella solo serviría para una inconveniente exposición mediática de las disputas internas de los responsables máximos de una de las empresas referente de lo que se denomina Marca España y que razones de prudencia aconsejan no fomentarlo, cuando no existen razones de peso para ello.
Rechazo de la demanda en la vía mercantil
El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid desestimó, en julio del año pasado, la demanda que interpuso Ceslar contra El Corte Inglés en la que pedía que se declarara nulo de pleno derecho el acuerdo de cese de la Corporación como miembro del Consejo de Administración de El Corte Inglés. Ceslar reclamaba, además, la nulidad de tres artículos de los Estatutos Sociales de la compañía, así como que se restituyera en el consejo a Carlota Areces.
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