Las plataformas de alquiler turístico como Airbnb o HomeAway están cada vez más cerca de perder su gran ventaja competitiva: la ausencia de regulación y la opacidad ante Hacienda de sus usuarios, tanto clientes como propietarios.
Así, las medidas aprobadas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro se suman a las promovidas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y terminan de estrechar el cerco sobre un modelo de negocio que ha proliferado en las principales capitales de España y Europa de forma alegal. Y es que, a partir de julio de 2018, Hacienda obligará a las plataformas turísticas a enviar a la Agencia Tributaria información relativa a los clientes y a los propietarios de los inmuebles que se alquilan a través de las webs -los hoteles también tienen que comunicar a la Agencia Tributaria su actividad-. A su vez, el Ministerio que dirige Montoro obligará a las plataformas como Airbnb a presentar informes periódicos en los que se detalle su actividad y la de los propietarios que cedan su vivienda con fines turísticos.
Una medida a la que se ha negado Airbnb en más de una ocasión alegando que debe cumplir la ley de comercio electrónico y servicios de la información promovida por la UE que protege la identidad de los usuarios de las páginas y que facilitaba a los propietarios ocultar esos ingresos extra al fisco. Para la Agencia Tributaria es fundamental conocer la actividad que realizan los dueños de las viviendas destinadas a alquiler turístico, para asegurar el correcto pago de los impuestos. La guerra contra este tipo de actividad ya la empezó el año pasado, cuando, por su cuenta, avisó a 21.500 contribuyentes de que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble y que debía incluir el dinero en la declaración como rendimientos. El caso es que no era capaz de concretar cuánto y contaba con que se hiciera de formar voluntaria.
El 'lobby' del sector turístico, Exceltur, expresó la semana pasada su "satisfacción" por la nueva obligación al considerar que se trata de "un paso muy importante en la erradicación de la opacidad fiscal y falta de cumplimiento de la normativa que regula los alojamientos turísticos", con la que se ha venido desarrollando el alquiler turístico de viviendas en España.
La medida de Hacienda supone un golpe a estas plataformas, ya que aumenta su carga de trabajo y sus costes operativos al tener que vigilar a sus usuarios y elaborar informes. Una normativa que en Madrid se suma a la promovida por la Comunidad, que persigue convertir las plataformas en empresas turísticas para limitar su crecimiento. Así, según esta normativa, obligará a las plataformas turísticas, bajo amenaza de multas de hasta 300.000 euros, a alojar únicamente anuncios de viviendas que cuenten con un certificado de idoneidad expedido por un técnico. Es decir, que tendrán que vigilar que las viviendas sean legales antes de publicitarlas. Los certificados de idoneidad implican equiparar a la figura del propietario a los de un empresario. Éste deberá ofrecer servicios de seguridad similares a los de los hoteles, contar con una ventilación directa al exterior; un extintor de mano; y señalización básica de emergencia indicando la puerta de salida, un seguro de responsabilidad; poseer hojas de reclamaciones; disponer de calefacción, agua fría y caliente; y respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda y comunicar a las Fuerzas de Seguridad la identidad de los inquilinos, como hacen los hoteles. Estas condiciones, unidas a que el Ayuntamiento solo dejará alquilar pisos sin licencia durante tres meses (los permisos los expide la Comunidad), limitan el crecimiento exponencial de estas plataformas al suponer una barrera de entrada a nuevos propietarios por los elevados gastos y trabajo que implica con respecto a actualmente y también es una barrera de entrada. Aun así, las patronales no ven las medidas de Madrid con buenos ojos ya que "liberalizan el sector".