La Comisión Europea quiere eliminar el regulado margen de comercialización que las grandes eléctricas aplican a los clientes domésticos acogidos a la tarifa. Aprobado en diciembre del año pasado, las empresas lo tienen recurrido en los tribunales y el ministro del ramo, Álvaro Nadal, lo considera "el tema más relevante" de los que su Cartera negocia con Bruselas.
El Ministerio de Energía revisó hace un año, tras varias sentencias del Tribunal Supremo, la cantidad que cobran las grandes eléctricas -EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo- por suministrar la energía al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa a la que están acogidos unos 11,4 millones de consumidores en la actualidad.
El Alto tribunal falló a favor de las empresas al entender que el margen de comercialización aplicado en ese momento, de 4 euros por kW de potencia contratada -unos 15,8 euros anuales-, no estaba respaldado por metodología alguna, pero no valoró si era suficiente para cubrir los costes en los que incurrían las compañías al prestar el servicio, tal y como también demandaban ellas.
Refacturación masiva
Tras el pronunciamiento de los jueces, el Gobierno promulgó una nueva regulación, que ya incluía una metodología, y hubo que acometer una refacturación masiva por las cantidades que las eléctricas habían cobrado de menos desde que empezó a aplicarse el PVPC, en abril de 2014. La regularización afectó a unos 15 millones de abonados, y Energía estimó que pagarían 1,76 euros más por contrato, pero en algunos casos se llegó a los 10 euros, dependiendo del consumo.
La nueva regulación estableció que el margen tuviera una parte fija, de 3,113 euros por kW de potencia contratada, y otra variable, de 0,000557 euros por kWh, más la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de 0,000285 euros por kWh.
Los cálculos originales del Ministerio eran que el recibo apenas subiría 2 céntimos al mes con el nuevo sistema, pero según valoró Nadal en su última comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, el margen actual se traduce en unos 24 euros anuales por consumidor, es decir, un aumento del orden del 50% en relación a la situación precedente.
El ministro también reveló en la comparecencia que a la Comisión Europea -aboga por una liberalización prácticamente total de los mercados energéticos-, no quiere precios regulados para el margen y ha propuesto su "eliminación".
Cobrar por las oficinas
Nadal explicó que si su Ministerio había fijado un precio máximo era por la falta de competencia en el suministro del PVPC y porque "no queremos que se cobre cualquier cosa"; como ejemplo, indicó que "se quería cobrar por las oficinas presenciales" de las empresas.
El ministró también manifestó que "es el tema más relevante que tenemos frente a la Comisión", y que espera vencer en la negociación, porque otros países también han establecido controles sobre las condiciones de comercialización de las tarifas de último recurso.
