El sector de la estiba, que selló la paz a finales de junio después de meses de tensión y huelgas en los puertos, cierra el año sumido en la incertidumbre tras el expediente abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el acuerdo suscrito entre los estibadores y la patronal.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), que encabezó las protestas durante la primera mitad del año, ha dejado claro su malestar aunque de momento no contempla nuevas movilizaciones.
Así se desarrolló el conflicto
El conflicto en el sector de la estiba se abrió a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), de diciembre de 2014, que obligaba al Gobierno a modificar la normativa aplicable, aunque el origen es anterior.
En septiembre de 2011, se aprobó una norma que obligaba a todas las empresas que pretendían prestar servicios en los puertos a unirse a una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y a participar en su capital.
En 2012, la Comisión Europea (CE) instó a España a modificar el régimen de contratación de los estibadores al entender que iba contra el principio de libre establecimiento de empresas, y posteriormente denunció a España ante el Tribunal de la UE.
A partir de ese momento, el conflicto se mantuvo larvado y sindicatos y patronal llegaron incluso a firmar un acuerdo de bases que no anticipaba la pugna posterior.
Sin embargo, una nueva denuncia contra España, en julio de 2016, por incumplir la sentencia previa del tribunal europeo, aceleró los trámites por parte del Ministerio de Fomento.
El contenido del real decreto-ley que preparaba el Gobierno llevó a los sindicatos a convocar tres días de paros parciales en febrero, al entender que la reforma del sector se traduciría en despidos y recorte de salarios.
Los sindicatos desconvocaron esos paros tras la decisión de Fomento de retrasar la reforma, pero los volvieron a convocar días después.
El 24 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley de reforma del sector, que debía ser convalidado por el Congreso.
A mediados de marzo, el Gobierno presentó una propuesta para terminar con el conflicto que ofrecía prejubilaciones voluntarias con un subsidio equivalente al 70 % del sueldo.
Un día después, el Congreso derogó el real decreto ley de reforma de la estiba y los sindicatos desconvocaron los paros previstos.
A finales de marzo, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actuaba como mediador, propuso una normativa transitoria para garantizar la continuidad del empleo.
El Gobierno aceptó incluir la propuesta y darle rango legal, pero no incluirla dentro del real decreto-ley de reforma de la estiba, que el Consejo de Ministros aprobó el 12 de mayo y fue convalidado por el Congreso seis días después.
El Ejecutivo planteó recoger lo acordado por sindicatos y patronal en un real decreto que colgaría del real decreto-ley.
Los sindicatos respondieron a la convalidación del decreto-ley con la convocatoria de ocho días de huelga entre el 24 de mayo y el 9 de junio.
Después de varias jornadas de paros con un amplio seguimiento y un sensible impacto económico, los sindicatos y la patronal alcanzaron un principio de acuerdo.
No obstante, el conflicto no se desactivó hasta que dejaron la patronal Anesco los socios más reacios a los planteamientos sindicales.
Después de meses de calma, la paz lograda en el sector se resquebrajó a partir del 2 de noviembre cuando la CNMC abrió un expediente sancionador contra el acuerdo firmado por los estibadores y Anesco.
